El Gobierno de Ecuador se comprometió a no entregar más concesiones mineras en territorios indígenas hasta tener una Ley de consulta previa, libre e informada, ni tampoco a sacar a concurso quince bloques petroleros en la Amazonía, durante un año, si es que antes no se aprueba dicha norma.
Estos fueron los principales acuerdos obtenidos en la mesa de Hidrocarburos y Energía celebrada entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones indígenas y campesinas que lideraron las duras protestas en junio pasado, según destacó en una entrevista con Efe el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera.
Mesa de diálogo
La mesa de Hidrocarburos y Energía fue una de las diez establecidas en el proceso de diálogo desarrollado por ambas partes con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para abordar las demandas que motivaron las movilizaciones, con algunos episodios violentos que paralizaron buena parte del país por 18 días.
«Se puede ver que trabajando con buena fe y buena predisposición se llega a buenos resultados. En una mesa de diálogo puede haber acuerdos y desacuerdos, pero demuestra que estamos en democracia y en paz», dijo Vera.
El ministro afirmó que las moratorias establecidas para concesiones mineras y petroleras no afectarán los planes del Gobierno del presidente Guillermo Lasso de aumentar la producción petrolera y también las exportaciones mineras.
En el caso del petróleo, los quince bloques enmarcados dentro de esa moratoria están en el sureste del país, algunos en la frontera con Perú, donde Vera afirmó que «existe un gran potencial».
El potencial del Yasuní
El ministro aseguró que la idea de elevar en 100.000 barriles más al día para 2023, según señaló en una anterior entrevista, será posible al continuar en marcha los proyectos para extraer más crudo de yacimientos existentes como el Bloque 60, el Campo Sacha, y los Bloques 31 y 43, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní.
Respecto a esos dos últimos, Vera reiteró que la explotación petrolera se realiza bajo los más estrictos estándares de calidad y con «impactos muy pequeños», sin afectar a la zona intangible establecida para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, un caso que está pendiente de sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
También respondió así al ser preguntado por el reciente desbloqueo del proceso de consulta popular impulsada por colectivos ambientalistas para preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo con la actividad petrolera en el Yasuní, el área natural protegida más grande del Ecuador continental.
Vera destacó que esos dos yacimientos son los que pueden marcar la diferencia en el objetivo de Ecuador de aumentar la producción de crudo, y que el tiempo apremia ante el compromiso nacional de dejar de extraer petróleo para 2050.
El ministro recalcó que la actividad petrolera debe ser sostenible porque es «un respiro financiero para el país, donde hay una brecha en el presupuesto estatal de 2.500 millones de dólares», y «ahí están los ingresos para poder atender a los pueblos que no son atendidos».
Borrador de consulta previa
En el sector minero, Vera aseveró que las moratorias no lastrarán el importante auge que han tenido las exportaciones mineras de Ecuador, al señalar que estas pueden seguir dándose en territorios sin poblaciones ni nacionalidades indígenas, en provincias como El Oro y Loja, fronterizas con Perú.
En concreto mencionó a varios proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa como son Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte.
El ministro advirtió de que una de las mesas de diálogo que se instalarán más adelante entre el Gobierno y las organizaciones indígenas es precisamente la que elaborará un borrador de la ley de consulta previa e informada, y lamentó que la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por la oposición, no la haya impulsado todavía.
Consideró que esta ley será fundamental para dar seguridad jurídica a los proyectos y evitar más casos en los que la Justicia ecuatoriana ordena cancelar las concesiones a demanda de las comunidades indígenas del lugar, que en muchos casos denuncian no haber sido consultadas para dar su consentimiento sobre los proyectos.
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No obstante, Vera indicó que la consulta previa «no es vinculante», «pero sirve para escuchar las demandas de los pueblos y plasmarlo dentro del plan social de desarrollo comunitario (de la empresa)».
«Ahí es donde se tienen que colocar las exigencias y vamos a ser muy riguroso como Estado. Vamos a calificar a las empresas que tengan un buen currículum de desarrollo comunitario en otros proyectos y países», concluyó.
EFE