Por Patricia Armijo B. |
El 14 de agosto fue establecido como el Día de la lucha contra la violencia sexual en las aulas en Ecuador. La conmemoración parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por el caso Paola Guzmán Albarracín contra el Estado, en 2020.
Este lunes, el Ministerio de Educación organizó un conversatorio virtual con estudiantes secundarios y representantes del Gobierno. Para María Brown, líder de esa Cartera de Estado, se trata de un proceso que permita reconocer la violencia y no naturalizarla en el entorno educativo y fuera de él.
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Según datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2021 se registraron 28 154 casos de violencia sexual en las aulas. Los principales atacantes fueron docentes, personal administrativo, de limpieza y de transporte.
Sentencia internacional
En 2020, la Corte IDH falló contra el Estado ecuatoriano en el caso de Paola Guzmán Albarracín. La adolescente se suicidó en el 2002, luego de sufrir abuso sexual por parte del vicerrector de su colegio, Bolívar Espín.
Su madre, Petita Albarracín, buscó justicia en las instituciones judiciales de Ecuador sin obtener resultados. Eso la motivó a buscar ayuda en instancias internacionales, las mismas que le dieron la razón luego de 18 años de la muerte de su hija.
La adolescente falleció con 16 años recién cumplidos tras haber ingerido diablillos antes de asistir al colegio. En el aula se sintió mal y fue llevada a la enfermería de la institución.
La madre denunció que no la ayudaron ni notificaron del estado de salud de la menor. Compañeras de aula la llamaron y ella la llevó al hospital por su cuenta. Paola falleció un día después por ingesta de fósforo blanco. Según el detalle del caso, habría quedado embarazada de su agresor y fue obligada a abortar.
En diciembre de 2020, el Estado le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola. La sentencia de la Corte IDH incluye que Ecuador tenga estadísticas actuales y permanentes de la violencia sexual en el ambiente educativo. También exige que se capacite al personal en protocolos a seguir en estos casos.
Uno de los puntos de la sentencia es que se incluyan programas de orientación, asistencia y atención a sobrevivientes de violencia sexual. Además de un programa de educación sexual y reproductiva acorde a la edad de los estudiantes.
Caso reciente
El 28 de julio de este 2023, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 17D05 del Ministerio de Educación resolvió la revocatoria de permiso de funcionamiento de la escuela de educación básica Jean Martín Charcot, ubicada en el norte de Quito. Fue en el marco de la investigación de varias denuncias por abusos sexuales a niños.
Desde abril de 2023 se registraron las denuncias de una veintena de padres que acusaban al conserje de la institución de haber abusado de los infantes de entre 3 y 4 años. Los representantes también han solicitado que se sancione a las autoridades del plantel por no haber actuado de manera adecuada y reportar los supuestos abusos al Distrito educativo.
Caso Aampetra
En el año lectivo 2010 – 2011, en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), ubicada en Chillogallo, sur de Quito, 43 estudiantes fueron abusados sexualmente por un maestro. Los menores tenían entre 10 y 11 años en ese tiempo cuando sus padres iniciaron una lucha por justicia.
José Luis Negrete Arias, de 22 años, fue acusado de múltiples abusos en contra de los menores. La investigación judicial evidencia que ni siquiera tiene título de docencia. Negrete golpeaba y amenazaba a los estudiantes en el aula de clases. Los amedrentó con matar a sus padres y quemar la casa del que revele lo que estaba ocurriendo.
Obligaba a los estudiantes a mirar y recrear películas pornográficas. Los desnudaba y pintaba sus genitales con marcadores. Los testimonios indican que violó a una de las niñas. Tras varias denuncias, en 2012 huyó y se mantuvo prófugo. En 2015 fue capturado tras ser catalogado como el quinto más buscado de Ecuador.
La justicia lo sentenció a 16 años de cárcel por violación de una menor y 7 años por atentado al pudor de los 43. En cuanto a la reparación, el sentenciado está obligado a pagar 10 000 dólares a cada víctima.
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