Todas las fuerzas políticas de la Asamblea se unieron este 5 de enero de 2023 para dar pasó a las reformas a la Ley de Seguridad. Aunque no estaba previsto este respaldo, 117 legisladores se unieron para crear más instituciones y establecer sanciones más duras contra delitos.
Esta reforma establece cambios al Código de Seguridad Pública, en el Código Penal y también al Sistema de Rehabilitación Social y Ejecución de Penas.
La Comisión de Seguridad del Legislativo trabjó la propuesta. Su presidente y asambleísta de la Izquierda Democrática, Ramiro Narváez, aseguró que la proyecto «institucionalizará una política criminal en el país».
Él sostuvo que la esencia de la reforma será articular una institucionalidad que pueda prevenir los delitos y enfocarse una lucha contra el crimen organizado. En su redacción participaron los ministerios de Defensa, del Interior y el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad.
Además, colaboraron la Policía, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y organizaciones que defienden los derechos humanos.
El debate en el Pleno
Los asambleístas oficialistas y de oposición lograron un acuerdo para aprobar íntegramente el texto trabajado pòr la Comisión de Seguridad. La asambleísta de la Revolución Ciudadana Pierina Correa descató que la reforma recuperará la institucionalidad que se «debilitó» en el Gobierno de Lenín Moreno.
En el debate, la asambleísta de CREO, Nathalie Arias, destacó que uno de los principales cambios que vendrá con esta norma será la creación del Consejo de la Política Criminal. Mientras que su coideario, Jorge Pinto, pidió el respaldo de todos los partidos para aprobarla.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró la renovación de los cuerpos legales en de seguridad servirá para combatir «con dureza al crimen organizado».
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Los cambios institucionales
El Consejo de Seguridad Pública y Estado podría ser una realidad. Este organismo estará conformado por delegados de la Función de Transparencia, de la Judicatura, por el Ministro encargado del Sistema Nacional de Inteligencia y por un representante Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad.
Este Consejo será el responsable de la coordinación de las acciones entre el Ejecutivo y los gobiernos seccionales. En este sentido, promoverá los consejos de seguridad provinciales.
También se propone la creación de un Consejo de Política criminal, que tendrá 15 delegados y será el encargado de las políticas de prevención y sanciones duras contra el delito.
Sobre el rol de las Fuerzas Armadas se aprobó que pueda participar en ámbitos relacionados con la seguridad en casos de desastres naturales y ciberdefensa. Según la Comisión este cambio no está relacionado con la propuesta del Gobierno para que los militares colaboren con la Policía en la lucha contra el crimen organizado, sino más bien limita esa posibilidad.
De acuerdo, con la norma aprobada las Fuerzas Armadas podrán ser parte de Fuerzas de Tarea Conjunta para el cumplimiento de su misión constitucional de proteger la integridad nacional.
Las sanciones aumentaron
Para el delito de Intimidación se proponen sanciones más duras. Ahora será de hasta cinco de prisión cuando se realiza contra un servidor público.
La extorsión la pena se eleva a 10 años de reclusión cuando se trata de las conocidas vacunas o se ejecuta bajo la amenaza de muerte, lesiones o secuestro.
En caso de robos se establecen nuevas condiciones. Se subió la pena de cinco a siete años cuando los delincuentes usen armas blancas u objetos que simulen serlo.
Penas de siete a 10 años cuando se trate de robos de bienes públicos o incautados. Este tiene relación con los robos de armas de fuego y droga, que preocuparon el año pasado. Pero esta sanción es más fuerte (hasta 13 años de prisión) cuando se trate de material bélico de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El prevaricato de jueces también tendrá una nueva condena. De acuerdo con la reforma el sanción máxima se subirá de cinco a siete años.
Los actos de terrorismo serán castigados con hasta 13 años de prisión, pero la pena aumenta a 21 años cuando ocurra en el interior de un centro de rehabilitación.
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