María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, se pronunció este 14 de marzo del 2023 en redes sociales tras su salida de la Embajada de Argentina en Quito. Con una breve carta aseguró que es una «rehén política» del Gobierno ecuatoriano.
Duarte, quien dice ser víctima de la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, dijo que decidió dejar la embajada porque se le negó el salvoconducto que, asegura, le correspondía como «asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954».
«El gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía», dijo la también exministra de Inclusión Económica y Social.
De acuerdo con una publicación del portal argentino Infobae, María de los Ángeles Duarte se encuentra en Caracas y solicitará el asilo político en la sede diplomática de Argentina en Venezuela.
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La exministra y su hijo de 11 años permanecieron durante dos años en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito. A inicios de diciembre del 2022, el gobierno de Alberto Fernández otorgó el asilo a Duarte y pidió que se emita un salvoconducto para que pueda viajar a ese país.
Sin embargo, el Gobierno de Ecuador no lo concedió y argumentó que «no es lícito dar asilo a una persona condenada por hechos de corrupción», según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 del que ambos países son parte.
Por ello, Duarte permaneció en la embajada hasta el lunes 13 de marzo, cuando se conoció su salida. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Canciller argentino Santiago Callero comunicó el hecho, asegurando que la exministra escapó y que esto habría ocurrido sin conocimiento del personal de su Embajada.
Ante ello, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, convocó de manera inmediata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuls, para conocer más detalles. Además, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y captura.
La exfuncionaria fue condenada a ocho años de prisión en el juicio del conocido caso Sobornos, que sancionó los pagos ilegales de contratistas del Estado durante el gobierno de Rafael Correa.
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