Que el país continúe con un Contralor y un Defensor del Pueblo en la cárcel, solo demuestra la falta de institucionalidad del Ecuador coinciden analistas.
Pese a que la Ley faculta a ambas autoridades a continuar en sus cargos, no pueden despachar en prisión.
Expertos coinciden en cuestionar que se les permita intentar hacerlo.
