Guardias de las prisiones de Ecuador manifestaron su malestar y descontento por los seis días que le tomó al Gobierno liberar a los 201 servidores penitenciarios fueron tomados como rehenes, la mayoría de ellos miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Denunciaron también la falta de herramientas para enfrentar a los reclusos, que en ocasiones están fuertemente armados y les superan de largo en número.
«El Estado esperó mucho. Estamos dolidos y hasta cierto punto llenos de ira por el tratamiento que da el Estado», manifestó, el martes 16 de enero de 2024, Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios (Asorsepen).
Este gremio anunció, en rueda de prensa, la decisión favorable de una jueza al hábeas corpus solicitado, en cuya resolución se consideró que el Estado vulneró por omisión los derechos de esos agentes, y ordenó al Gobierno dar oportuna atención médica y psicológica a los guardias carcelarios, así como mejores condiciones.
Minutos después de estas declaraciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), informó el asesinato de un agente en Sucumbíos, una cárcel en la que no hubo motines.
Lea también:
- Cuatro claves sobre las cárceles de Ecuador bajo el poder de las mafias
- Testimonio de guía liberada: ‘Los cinco días fueron de incertidumbre total’
«Secuelas psicológicas»
Ordóñez aseguró que el SNAI les está exigiendo volver a sus funciones, cuando muchos de los agentes que fueron tomados como rehenes aún tienen secuelas psicológicas; pero que están obligados a regresar porque pueden ser despedidos si acumulan tres ausencias injustificadas.
«Se les ve una afectación psicológica, y en algunos casos también físicamente están mal. Conozco dos casos de renuncias de compañeros que fueron retenidos porque las familias ya no quieren que trabajen allí», advirtió Ordóñez.
«No están aptos para regresar. Muchos ya no quieren saber ni de vestir el uniforme», aseveró el funcionario penitenciario.
En ese sentido, relató que los agentes retenidos «estuvieron en unas condiciones bastante difíciles» y lamentó el fallecimiento de uno de los guardias en la cárcel de Machala en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.
Ordóñez detalló que actualmente el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria del SNAI cuenta con 2.700 agentes y que aproximadamente en cada turno hay a nivel nacional alrededor de 850 guardias para una población penitenciaria que supera los 30.000 reclusos.
Superados en número
El agente penitenciario aseguró que el promedio nacional es de un guardia para cada 40 presos, pero en ocasiones solo hay uno por cada 80 o 100 reclusos.
En ese sentido, pidió reflexionar sobre la cantidad de policías y militares que el Gobierno necesita para someter a los presos de una cárcel; pues normalmente suele llevar al menos un millar de hombres armados para una prisión donde en una guardia trabajan normalmente dieciséis agentes del SNAI.
«El servidor (penitenciario) lo único que tiene para trabajar es su experiencia, su inteligencia y sus manos. Nada más. Logística no hay. Equipamiento de protección no hay para intervenir (chaleco, escudo, casco)», lamentó Ordóñez.
«El SNAI entregó en 2021 el armamento al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hasta ahora me pregunto por qué. Al menos antes teníamos una herramienta para poder trabajar. Somos un carpintero sin su cincel y su martillo», añadió.
Amenazados
Preguntado por si reciben amenazas de las bandas criminales que controlan internamente las prisiones, Ordóñez reconoció que «obviamente que hay muchos casos que se perfilan en ese sentido» y que él es el primero que quiere que haya «depuración, porque todas las instituciones públicas están invadidas por la corrupción«.
Si bien admitió que están normalmente señalados de presuntamente permitir el ingreso de armas al interior de las cárceles, Ordóñez advirtió que normalmente es la Policía y otras instituciones las encargadas de vigilar los filtros de seguridad externos.
También se pronunció la agente de prisiones Rebeca García, quien lamentó que la sociedad los catalogue «como lo peor del sistema y como cómplices de los delincuentes; pero no se dan cuenta que vestir un uniforme rodeado de los privados de libertad todos los días es difícil».
Los motines fueron parte de una oleada de violencia en las cárceles y en las calles atribuida a las bandas del crimen organizado; en momento en que el Gobierno del presidente Daniel Noboa se disponía a iniciar su plan para arrebatar a estas bandas el control interno de las cárceles. Desde 2020 han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres entre estos grupos, ahora declarados como «terroristas» por el Ejecutivo. (EFE)