Sin impartir clases durante un año y cinco meses, un profesor de la Universidad Central del Ecuador ganó más de 51 000 dólares, según la Contraloría General del Estado.
Esa y otras presuntas irregularidades fueron detectadas durante un examen especial realizado a esa universidad pública. El período analizado comprende entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2024. Los hallazgos fueron plasmados en un informe de 168 páginas.
Los auditores determinaron que un empleado ejercía cargo público pese a tener impedimento legal, también descubrieron casos de nepotismo, salarios excesivos, contrataciones injustificadas, entre otras presuntas anomalías.
Estos son algunos de los hallazgos de la Contraloría:
Profesor recibió salario sin trabajar
La Contraloría determinó que se pagaron remuneraciones a un docente de tiempo completo, sin tener carga horaria asignada y sin registros de su asistencia a la Universidad.
El organismo de control señala que, supuestamente el docente trabajaba a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas como profesor auxiliar.
«El profesor recibió su sueldo y beneficios de Ley desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020, sin la contraprestación de actividades de docencia e investigación en la Universidad Central», señaló la Contraloría.
Sin embargo, entre esas fechas, exactamente entre el 3 de junio de 2019 y el 5 de febrero de 2020, el profesor trabajó en el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral.
Por lo tanto no se programó la carga horaria, ni se controló la asistencia a laboral. Esto provocó que la Universidad Central pague 51 125,84 dólares, sin que el funcionario ejerza cátedra.
Salarios superiores a lo dispuesto por el CES
Según el examen especial, 13 subdecanos y una directora recibieron salarios por encima del límite máximo establecido en la tabla de remuneraciones emitida por el Consejo de Educación Superior (CES).
Las remuneraciones se entregaron, entre julio de 2021 y febrero de 2024. Se realizó el pago en exceso de 8 384,38 dólares.
Los subdecanos señalados son de las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Psicológicas, Cultura Física (2), Arquitectura y Ciencias Agrícolas. Además los de Odontología, Filosofía, Medicina, Ciencias Químicas, Jurisprudencia y Ciencias. También una directora de Doctorados e Investigación.
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Casos de nepotismo
En el informe de la Contraloría consta que las autoridades de la Universidad de ese entonces contrataron a familiares. Esto ocurrió pese a que la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe que las autoridades de una entidad pública contraten a personas con las que tengan relación de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Según la Contraría, un sobrino del rector trabajó como profesor auxiliar de medio tiempo, en la facultad de Jurisprudencia, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, con un salario mensual de USD 1 200.
Mientras que la hija de un decano de Ciencias Médicas ganó USD 1 200 cuando se desempeñó como docente auxiliar de medio tiempo, en la facultad de Ciencias Psicológicas, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.
Además, el hijo del decano de la facultad de Ciencias Agrícolas fue profesor a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas. Por ese cargo, recibió un salario mensual de USD 2 400, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2021.
El organismo de control también identificó que el hermano del decano de la facultad de Artes laboró como docente auxiliar, de medio tiempo, en la facultad de Jurisprudencia. Ganó USD 2 400 mensuales entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.
Docentes sin contratos
En el informe se detalla que 10 profesores empezaron a trabajar en la Universidad Central sin haber firmado sus contratos laborales. «10 docentes iniciaron sus gestiones académicas entre 4 y 193 días antes de la suscripción de sus contratos de servicios profesionales», señaló la Contraloría.
Esto provocó que la Universidad Central «adquiera obligaciones sin que la prestación de los servicios se encuentren debidamente legalizados y que no se disponga de información completa de los profesionales contratados».
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