Parte del dinero que debía destinarse en la reconstrucción de Manabí se utilizó en la construcción de parques y muelles pesqueros y hasta en la compra de repuestos y reparación de aeronaves militares. Esto cuando existían necesidades urgentes.
Tras el terremoto de abril de 2016, se expidió la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el IVA aumentó al 14%, se colocó un impuesto del 3% a las utilidades, se pidió el aporte de un día de salario para quienes ganaban más de USD 1 000 y se recaudaron más de USD 1 500 millones que serían destinados a tender la emergencia, reconstruir y reactivar.
El tiempo pasó y las obras llegaron a cuentagotas. Obras fundamentales como los hospitales de Manta, Bahía de Caráquez y de Pedernales, epicentro del terremoto, tomaron casi siete años en ver la luz y aún no todos operan al 100%.
Sin embargo, a paso acelerado, y con fondos de la Ley de Solidaridad, se construyeron muelles pesqueros que costaron USD 15 millones más de lo previsto por obras complementarias. También, se construyó un enorme parque en Portoviejo y hasta se compraron repuestos para helicópteros militares por más de USD 3 millones.
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Además, dos días antes de que Lenín Moreno asuma la Presidencia, el 22 de mayo de 2017, el Comité para la Reconstrucción aprobó 600 contratos por USD 2 900 millones en tiempo récord
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