«¡Abacaleros libres!», gritan emocionadas, este martes 10 de diciembre del 2024, tres de las 300 víctimas de esclavitud moderna en Ecuador tras relatar sus precarias condiciones de vida en la empresa japonesa Furukawa, que deberá indemnizarles con 41 millones de dólares y pedir disculpas.
Algunas dieron a luz a sus hijos en insalubres y hacinados campamentos. «Crié a mis hijos sin luz ni agua potable«, relató una de las afectadas. Otras personas resultaron mutiladas en accidentes laborales al producir la fibra de abacá, una suerte de hilo vegetal. Mientras que otros nueve murieron esperando justicia.
La Corte Constitucional declaró, el pasado jueves 5 de diciembre del 2024, que la empresa Furukawa mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y le ordenó el pago de 120 000 dólares a cada víctima.
«La empresa va a pedir oportunamente la aclaración de la sentencia (…) y se revise la reparación ordenada por ser de cumplimiento imposible«, adelantó Furukawa el sábado 7 de diciembre de 2024 tras la sentencia emitida por la Corte Constitucional.
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«Cada día hemos ido evadiendo el miedo y nos hemos ido enfrentando a un monstruo que es la Furukawa», relata Segundo Ordóñez, un abacalero de 59 años, en una rueda de prensa en Quito.
Desde la sede de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), que patrocinó el caso, el hombre cuenta la ausencia de atención médica en las plantaciones.
«Se cortó un amigo, estábamos trabajando en un aguacero. Esa fue la rabia que a mí más me dio, verlo botar sangre como un animal y nadie hacía nada«, recordó.
Partos en los campamentos
María Guerrero relató que sus padres la llevaron con ellos cuando tenía dos años de edad, junto a seis hermanos, a los cultivos de Furukawa. En tres décadas no conoció otro lugar y ahí mismo conoció a su esposo con quien tuvo siete hijos.
«Yo di a luz a todos mis hijos dentro de la empresa, no tuve un control médico de posparto, ni un control médico durante mi embarazo. Es algo que llevaré siempre en mi corazón como una herida«, lamenta la mujer de 39 años.
En una ocasión, recuerda, debieron cargarla entre varios trabajadores hasta una carretera para buscar ayuda porque su parto se había complicado.
Tras contar su testimonio en una rueda de prensa, Guerrero recibió el abrazo de sus hijos pequeños, que le muestran los dibujos que hicieron mientras esperaban que relatara el infierno que vivió en la firma. El caso se destapó en 2018.
Guerrero dejó el campamento en 2018, cuando le comunicaron a su esposo que ya no había trabajo. «La empresa empezó a devorar (destruir) los campamentos para no dejar evidencias y uno de los campamentos donde vivíamos nosotros fue el segundo campamento devorado», contó a la AFP.
Otra de las víctimas es Susana Quiñones. Ella describe como «horrible» la vida en las plantaciones de abacá. «Ahí nunca hubo posibilidades» de progreso, señaló.
Su jornada empezaba a las 03:00 y terminaba a las 22:00 «para ver si alcanzábamos una monedita más», lo que nunca pasó. Lo que más faltaba era el dinero porque la empresa generaba deudas de los empleados que se hacían imposibles de pagar.
La rabia en su voz se hace más fuerte cuando explica que los inspectores laborales solo iban a las oficinas de la firma y no a las plantaciones. «Al centro, donde vivíamos nosotros, donde habíamos por cientos de esclavos, por cientos de negros, por cientos de afro, allá no llegaba nadie», reclama Quiñones.
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