“Por nuestros niños, hasta la vida«. Ese fue el grito y la consigna de un grupo de manifestantes en la Plaza de la Memoria, en el norte de Quito. Las personas se congregaron, este miércoles 8 de enero del 2025, con flores blancas y pancartas.
El objetivo del plantón fue recordar los 37 años de desaparición de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo. Y el primer mes de la desaparición y posterior asesinato de los cuatro niños de Guayaquil. Ambos hechos, que conmocionaron a Ecuador, ocurrieron el 8 de enero de 1988 y el 8 de diciembre del 2024, respectivamente.
Los hermanos Restrepo
Los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismedi desaparecieron el 8 de enero de 1988 durante el gobierno de León Febres Cordero. Carlos Santiago tenía 17 años y Pedro Andrés, 14.
Según las investigaciones, la desaparición de los hermanos fue responsabilidad del escuadrón de la Policía Nacional (Servicio de Investigación Criminal, SIC-10).
Los hermanos salieron de su casa en el vehículo de su padre para despedir a un amigo que viajaba a Estados Unidos. Mientras conducían, los hermanos habrían sido interceptados y detenidos. Después de eso no hay claridad sobre lo que pasó con ellos.
Los cuatro niños de Guayaquil
La desaparición y posterior asesinato de cuatro niños en el sector de Las Malvinas, Guayaquil, conmocionó al Ecuador. Este miércoles 8 de enero de 2025 se cumple un mes desde que sus padres los vieron con vida por última vez.
Según el relato de sus familiares Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto con Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, se reunieron a jugar fútbol el 8 de diciembre del 2024, pero nunca regresaron.
En un video se ve como los cuatro menores son detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y desde entonces fueron reportados como desaparecidos.
Un mes de incertidumbre y dolor
Los familiares de los menores emprendieron una búsqueda incansable para encontrarlos con vida. Sin embargo, el pasado 31 de diciembre, la Fiscalía confirmó que los cuerpos hallados en una zona agreste de Taura, en el cantón Naranjal, correspondían a los cuatro niños.
El 24 de diciembre del 2024 fueron hallados cuerpos incinerados en una zona agreste de Taura, en Guayas. Inicialmente se desconocía su identidad. Por eso, los padres de los menores entregaron muestras de sangre para cotejar con los restos de los cuerpos encontrados. Tras realizar pericias de genética forense, la Fiscalía confirmó que eran los cuatro menores.
A los familiares de las víctimas también tuvieron que acudir a Medicina Legal de Guayaquil para reconocer a sus seres queridos. «Reconocí a uno de mis hijos por los pies, porque la cabeza no estaba. Al otro solo le dejaron una manito, un dedito, parte del cráneo y el pelo», contó Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué a la BBC.
«Mi esposa no quiso verlos, ella estaba enferma y la dejé en casa. Yo preferí que ella no los viera. Al niño de 11 años, Steven, lo reconoció su padre. Me dio mucha pena ver todo lo que han hecho. Al niño Nehemías lo vio su tío, y él lo reconoció por los brackets y el pelito. Porque él estaba más completo que los otros», añadió Arroyo.
Lucha por alcanzar justicia
En este primer mes, el dolor de la pérdida se mezcla con lucha de los familiares de los niños por alcanzar justicia y obtener respuestas claras sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de los menores.
Ronny Medina, padre de Steven de 11 años, por ejemplo dedica sus días a seguir de cerca el proceso judicial. Sus días transcurren entre visitas a la Fiscalía, plantones y reuniones con abogados.
Luis Arroyo también asegura que no descansará hasta que se haga justicia y que un caso así no se vuelva a repetir. «No voy a descansar hasta que se haga justicia. Sus muertes no van a quedar impunes», señaló el padre.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación y procesó a 16 militares de la FAE por presunta desaparición forzada en el caso Los Cuatro de Guayaquil. Todos están con orden de prisión preventiva.
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Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó los siguientes indicios: testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo. Además, informes de inspección ocular.
La fase de investigación pública o instrucción fiscal durará 90 días. En ese tiempo, los agentes investigadores podrán recopilar más evidencias para esclarecer el caso.
La jueza Tanya Loor, a través de un habeas corpus solicitado por las familias, también declaró el caso como desaparición forzada. Además reconoció la vulneración de derechos y ordenó medidas de reparación al Estado.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas han apelado la decisión. Alegan que el recurso fue mal empleado y cuestionaron la competencia de la jueza para determinar delitos.
«Estoy aquí para decirles a las familias de Josué, Ismael, Saúl y Steven: siento mucho lo acontecido (…)». De esa forma, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo ofreció disculpas públicas a los padres de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, durante una cadena nacional emitida la noche del lunes 6 de enero del 2025
Sin embargo, Loffredo también arremetió contra la jueza Loor, que declaró la desaparición forzada. El titular de esa Cartera de Estado dijo que «se llegarán hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política».
«No voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas (…) también se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política», dijo el Ministro.
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