Representantes de las comunas de Selva Alegre y Quichinche, en Imbabura y San José de Minas, en Pichincha denuncian a la compañía «Rainforest de Ecuador» (RFEE). Aducen una supuesta amenaza de despojo de sus tierras, informó la Asociación Latinoamericana para el desarrollo Alternativo (Aldea).
En un comunicado titulado «Empresas piratas de carbono pretenden despojar a comunidades campesinas de su derecho a la tierra», Aldea señala que las comunidades afectadas exigen la anulación de lo que denominan «escritura fraudulenta» de las empresas UCPEIN-RFEE. También alertan a los Gobiernos autónomos municipales (GAD) para que «no permitan su registro».
Según Aldea, más de 200 familias de ocho comunidades estarían afectadas.
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Relata que en 2005 la compañía UCPEIN S.A. adquirió una propiedad de 80 hectáreas en la parroquia Selva Alegre de la provincia andina de Imbabura. Apunta que, aparentemente, inscribió «una escritura fraudulenta ‘ampliatoria y aclaratoria'» que supuestamente «modifica enormemente la extensión de una propiedad. Así habrían pasando de aproximadamente 100 hectáreas a 9.190 hectáreas».
«Con esta escritura fraudulenta la empresa pretendió despojar a propietarios locales (por lo menos 162 predios), quienes cuentan su mayoría con escrituras legalizadas e inscritas en los registros de propiedad» de las ciudades de Otavalo y Quito, indicó.
En el comunicado, Aldea apunta que la empresa, supuestamente, no solo ha perjudicado a las comunidades, siino también al Estado ecuatoriano. «Con base en esta falsa ‘escritura’, la empresa cobró más de 150.000 dólares de dinero público del Programa Socio Bosque (PSB) entre 2009-2014».
Y añade que en 2020, RFEE «compró» la propiedad a pesar de haber sido advertida de estos problemas.
A criterio de Aldea, RFEE presuntamente ha iniciado «una campaña de criminalización, acusando a las familias comuneras de ‘invasoras’ y ‘secuestradoras’, persiguiendo a las personas defensoras de las comunidades e impulsando el desprestigio mediático y judicial a sus legítimos propietarios y propietarias».
Empresas piratas del carbono
Según Aldea, el caso de UCPEIN S.A. y RFEE ocurre en el contexto de un «mal manejo de los mercados de carbono», que se presentan como elementos clave en la lucha contra la crisis climática.
Sin embargo, la atracción de inversión extranjera sin una adecuada regulación abre la puerta al acaparamiento de tierras por las denominadas «empresas piratas del carbono» en perjuicio de personas y comunidades campesinas, e inclusive del Estado, reza el escrito.
De acuerdo a Racheal Knight, experta internacional, la corrupción de tierras, «a pesar de ser abusos severos de derechos humanos, quedan usualmente impunes».
Cristian Nogales, del GAD de Selva Alegre, señaló que «las estrategias de acaparamiento de tierras no serían posibles sin la complicidad y corrupción de funcionarios y funcionarias de las instancias locales», indica el escrito.
Los comuneros afectados resaltan que se mantendrán en resistencia frente a lo que consideran despojos y hacen un llamamiento a unir esfuerzos en la sociedad civil, academia, medios de comunicación y políticas públicas «para impedir la corrupción de tierras por parte de las empresas piratas de carbono», indica Aldera.
Por ello, exigen la anulación de lo que consideran una «escritura falsa de 9.190 hectáreas de UCPEIN-RFEE», así como la alerta de los GAD municipales para no permitir el catastro de escrituras supuestamente fraudulentas por parte de «empresas piratas del carbono», y que no se use de forma «abusiva» el derecho penal contra las personas defensoras de las comunidades, «quienes son criminalizadas sistemáticamente por defender su derecho a la tierra». (EFE)
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