Parlamentarios del principal frente de oposición política de Argentina denunciaron este martes al procurador del Tesoro, el kirchnerista Carlos Zannini, por su actuación en la quiebra de la empresa Correo Argentino, perteneciente a la familia del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
La denuncia penal fue realizada por medio centenar de senadores y diputados de Juntos por el Cambio, frente que tiene al propio Mauricio Macri como una de sus principales figuras.
Los parlamentarios denunciaron a Zannini por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Zannini, quien se desempeñara como secretario Legal y Técnico de la Presidencia de argentina durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), es desde diciembre de 2019 el jefe de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino.
En julio pasado, un juzgado de Argentina declaró la quiebra de Correo Argentino SA tras el fracaso del concurso preventivo de acreedores de la empresa, abierto en septiembre de 2001, y del intento de salvataje de la firma.
En el marco del proceso, Correo Argentino SA hizo diversas propuestas de pago a sus acreedores, pero el principal de ellos, el Estado nacional, las rechazó.
Según los parlamentarios denunciantes, Sociedades Macri (SOCMA), propietaria de Coreo Argentino SA, ofreció el pago total de la deuda en la forma y monto que la Justicia determinara, pero Zannini, «por oscuros intereses políticos y personales ajenos a su deber de objetividad y a la protección de los intereses del Estado, lo rechazó, sin fundamentos válidos».
«En ese caso, el Estado argentino no cobrará la deuda cuyo pago total se ofreció», dijo el diputado Jorge Enríquez, quien lidera el grupo de denunciantes y para quien «el propósito evidente de esa absurda actitud es perjudicar a Mauricio Macri, en el marco de una clara maniobra persecutoria, ya que su familia es dueña de SOCMA».
Deuda y quiebra
La jueza que declaró la quiebra, Marta Cirulli, había indicado en su resolución de principios de julio que, a su juicio, el Estado no desplegó una conducta hostil o abusiva al rechazar «un ofrecimiento que no puede reputarse íntegro desde ningún punto de vista».
«Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de hostil al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente», señaló la magistrada en su fallo.
De acuerdo con medios locales, en su última oferta Correo Argentino habría ofrecido pagar 1.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) por una deuda que, según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal, ronda los 5.000 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares).
La declaración de quiebra dictada por Cirulli fue apelada por la empresa, por lo que la aplicación del fallo está en suspenso.
SOCMA había logrado en 1997, durante el Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), la concesión del servicio postal estatal, pero en 1999 dejó de pagar el canon estipulado al Estado, generando una deuda.
En 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato de concesión con el Grupo Macri y en 2004 dispuso que el servicio quedara otra vez en manos del Estado, sin llamar a una nueva licitación.
En junio de 2016, durante el Gobierno de Macri, SOCMA acordó pagar al Estado la deuda en varias cuotas hasta 2033 y con una tasa de interés muy inferior a la inflación en Argentina, pero el acuerdo fue objetado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, por considerarlo muy perjudicial para el Estado. EFE