El colectivo Alianza Contra las Prisiones denunció, este viernes 31 de mayo del 2024, agresiones perpetradas presuntamente por militares en una cárcel de Ecuador.
Esa queja se presentó luego de que la Defensoría del Pueblo señalara que durante la militarización de las prisiones, ordenada por el presidente Daniel Noboa, hubo muertes violentas de presos, en algunos casos con indicios de tortura y en otros por presunta desnutrición.
Esta plataforma aseguró, en redes sociales, que algunos presos de la cárcel de Riobamba, en Chimborazo, fueron agredidos verbal y físicamente, lo que provocó «clavículas y costillas rotas» en algunos internos. Esto habría ocurrido en medio de una requisa ejecutada por los militares el pasado viernes 24 de mayo.
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En las imágenes publicadas por las Fuerzas Armadas se aprecia una fotografía aérea donde los reclusos de la prisión están apilados unos contra otros en el patio del recinto carcelario.
Como resultado de la requisa, los militares decomisaron 221 dólares, droga, 25 celulares, un explosivo casero y un metro de mecha lenta, entre otros objetos no autorizados.
La Alianza Contra las Prisiones advirtió que «las familias temen por la integridad de sus seres queridos. Reiteramos que desde el inicio de la militarización, la alimentación en el centro es paupérrima y las raciones no se entregan tres veces al día«, señaló el colectivo.
Defensoría ve indicios de torturas
En un informe presentado el miércoles 29 de mayo del 2024, la Defensoría contabilizó 24 fallecimientos de presos en diversas cárceles del país entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, «por muertes naturales y en otros casos por muertes violentas, con indicios de presunta tortura. Así también, existen alertas del deceso de personas privadas de libertad con signos de desnutrición».
Ese registro corresponde al primero de los tres meses que duró el estado de excepción que Noboa decretó a escala nacional contra las bandas criminales, y cuya declaración de ‘conflicto armado interno‘ se mantiene vigente.
La Defensoría señaló que realiza un seguimiento permanente a las cárceles de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo, en las cuales desde el 30 de abril del 2024 se suspendió el servicio de alimentación. El Gobierno acusó a la empresa proveedora de tener nexos con el crimen organizado.
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) May 3, 2024