El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que Ecuador debe profundizar sus reformas económicas para garantizar su sostenibilidad fiscal y mejorar su acceso a los mercados de deuda, en un momento en el que el país prevé cerrar 2023 con un déficit del 5% y una prima de riesgo que ronda los 2.000 puntos.
En un comunicado emitido el 4 de diciembre, tras hacer la evaluación a posteriori del programa crediticio de 6.500 millones de dólares implementado con Ecuador entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, el FMI consideró que esta financiación permitió al país restaurar la estabilidad macroeconómica tras la recesión producto del covid-19.
También permitió «satisfacer las crecientes necesidades de financiamiento, especialmente el gasto en salud y protección social» en medio de la emergencia sanitaria, reestructurar la deuda, «fortalecer la capacidad en áreas críticas, especialmente la contabilidad fiscal», y reforzar las reservas fiscales, gracias a los mayores precios del petróleo y la restricción del gasto que imponía el programa.
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«Sin embargo, el acceso a los mercados (de deuda) no se ha restablecido debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales que persisten, incluida la fuerte dependencia de los ingresos públicos de los precios volátiles del petróleo», señaló el FMI en su reporte.
«Será necesario revitalizar los esfuerzos de reforma para garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados», apostilló.
Crítica a subsidios a combustibles y rediseño de reforma tributaria
Para el FMI, entre las causas de que persistan estas vulnerabilidades está la suspensión de la progresiva disminución de los subsidios a los combustibles, congelados en junio de 2022 después de que esta fuera una de las causas de unas fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena que dejaron siete muertos, entre ellos un militar.
Otro de los motivos que según el FMI impidieron un mejor resultado del programa crediticio fue el rediseño de la reforma tributaria.
Este programa, que se inició bajo el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y que culminó la administración del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), fue el primero que Ecuador pudo completar en más de veinte años.
La institución financiera internacional valoró que «la mayor parte de las condicionalidades del programa finalmente se implementaron, a pesar de algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales«, si bien hay algunos requisitos todavía pendientes como las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.
«El programa catalizó el financiamiento de otras instituciones financieras internacionales y una reestructuración exitosa de la deuda, lo cual fue fundamental para su éxito», señaló el FMI.
Mensaje para nuevo Gobierno
Durante los 27 meses que duró el programa crediticio, «las reformas estructurales fiscales renovaron integralmente el marco fiscal de Ecuador, aunque su implementación exitosa dependerá de la creación y retención de capacidad institucional«, apuntó el FMI como mensaje al nuevo Gobierno que entró en funciones en diciembre, liderado por el presidente Daniel Noboa.
Asimismo, el organismo internacional destacó las «enmiendas al código monetario y financiero que ayudaron a fortalecer la independencia del Banco Central y el régimen de dolarización«.
La junta directiva reconoció que «el programa se implementó en un entorno político fragmentado» y que eso, en parte hizo que «la evaluación de algunos criterios, particularmente con respecto al acceso al mercado y la capacidad de implementación, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el programa».
Ministro habla de «grave situación»
La pasada semana, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, , se refirió a la «grave situación económica», con un déficit fiscal proyectado para el cierre 2023 superior a los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.
Asimismo, señaló que el total de la deuda estatal es de 63.000 millones de dólares, entre la deuda interna y la externa, lo que equivale al 54,7% del PIB.
Noboa señaló el pasado 5 de noviembre que, si su Gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el país puede entrar en ‘default’ (suspensión de pagos) en 2026 o 2027.
Por ello envío a la Asamblea Nacional (Parlamento) con clasificación de urgencia un proyecto de reforma tributaria que busca dar incentivos fiscales a la creación de empleo, entre otras medidas, con el objetivo de dar alicientes al crecimiento económico.