Declaran desierta la licitación para repotenciar la Refinería de Esmeraldas

La licitación para repotenciar la Refinería de Esmeraldas está pendiente desde el Gobierno del expresidente Guillermo Laso. La actual administración del presidente Daniel Noboa también suspendió el proceso.

El ministro de Energía (E), Roberto Luque, dispuso acatar las recomendaciones de la Comisión Técnica de Alto Nivel y declarar desierto el proceso de licitación, informó el portal Primicias este viernes 17 de mayo del 2024.

La nueva licitación podría iniciarse en 90 días, luego de que Petroecuador y el Viceministerio de Hidrocarburos revisen y actualicen los documentos, por disposición de Luque.

De acuerdo con Primicias, un consorcio que incluye a la coreana Hyundai fue el único en comprar las bases de la licitación para repotenciar la Refinería Esmeraldas. Este consorcio tiene como integrantes a otras empresas como Siglocorp, las estadounidenses KBR, Ocala y Evensen Dodge; y la empresa danés Topsoe.

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Hasta 2023, se mantenían intensas reuniones para incorporar a la ítalo-argentina Techint Engineering al ambicioso proyecto de modernización de la Refinería Esmeraldas. Siglocorp había anunciado en varias ocasiones que el consorcio estaba listo para presentar su oferta técnica y económica, a la espera de la decisión del Gobierno, detalla el portal.

El consorcio proponía una inversión de USD 2.300 millones para mejorar el complejo refinador más grande de Ecuador y construir un tren de alta conversión para procesar los residuos.

La refinería, con una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios de petróleo, actualmente produce 55.000 barriles diarios de combustibles, como gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo. El 45% restante es residuo, principalmente fuel oil, un combustible de menor calidad y precio.

El plan de repotenciación pretende aumentar la producción de combustibles en 50.000 barriles diarios, cumpliendo con las normas Euro V, y reducir el nivel de residuos al 5%. El consorcio se comprometía a asumir el 100% de la inversión necesaria, mientras que la propiedad de la planta seguiría en manos del Estado. Con esto se evitaría la privatización, según aclararon tanto el consorcio como el Gobierno ecuatoriano.

Un componente crucial de la propuesta económica es la tarifa que el consorcio cobraría por las inversiones realizadas. Para esta negociación, el Estado utilizará estándares internacionales, según afirmó en enero de 2023 el entonces ministro de Energía, Fernando Santos.

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