Una organización religiosa declaró Guatemala como «Capital Pro Vida de Iberoamérica».
Un día después de que el Congreso oficialista endureciera las penas por aborto y cerrara la puerta al matrimonio homosexual.
«Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural», dijo el presidente conservador Alejandro Giammattei durante una ceremonia pública religiosa organizada por el grupo cristiano Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que se reúne en la capital.
La declaración, por cuatro años, es la primera que otorga esa organización religiosa que tiene sede principal en México.
En ella se reúnen grupos contrarios al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Giammattei, frente a decenas de personas en la plaza central de Ciudad de Guatemala, señaló que su país protege la vida desde su concepción por mandato constitucional y porque «lo manda nuestra fe».
«Hoy somos testigos de una profecía, la profecía es que Guatemala sería faro de luz a las naciones. El actuar de Guatemala es un ejemplo para el mundo», indicó Aarón Lara, presidente del grupo religioso.
«Se necesita ser muy valiente para defender el derecho a la vida y dejar claro que no existe el derecho humano al aborto».
El Congreso, controlado por oficialistas conservadores, aprobó el martes por la nochela «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause».
También castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de esta.
Ley
Cerca de donde se celebró la ceremonia, un grupo de mujeres colocó en hilera varios ataúdes negros en protesta contra la actividad gubernamental y contra la reciente ley aprobada por el Parlamento.
La norma aprobada también reformó el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala.
Restringe además a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual.
Diputados opositores advirtieron que la ley, que debe ser promulgada por Giammattei, criminaliza a las mujeres que puedan sufrir un aborto espontáneo y discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI, situación que aumenta el riesgo de crímenes de odio, alertaron.
El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, adelantó en la víspera que impugnará la ley al considerarla «inconstitucional» por violar derechos humanos y convenios internacionales suscritos por Guatemala.