El pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunirá para responder a la falta de designación del presidente de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Para constitucionalistas, los vocales incumplieron la orden de la Corte Constitucional y sostienen que se confirma un acuerdo político para mantener a Fausto Murillo en su cargo.
Cuatro ternas y 12 postulantes después, el Consejo de la Judicatura sigue sin su nuevo miembro. La respuesta del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, es que no han rechazado ninguna terna. También señala que creen en la probidad de los postulantes y que no hubo acuerdo.
«No hubo rechazo por parte del Consejo de Participación , simplemente no hubo un acuerdo en el acto de deliberación. Entiendo que puede ser un problema, puede ser mal visto, pero nosotros, aún estando en mayoría, tenemos la independencia y autonomía para decidir», sostiene Ulloa.
Las reacciones no vendrán solo del presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, porque la terna de consenso. Por eso, el Pleno se reunirá en las próximas horas para responder. Ulloa dice que no teme las consecuencias, pues no han incumplido.
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El proceso
El artículo 21 de la codificación del Reglamento de designación de los vocales de la Judicatura dice que el Consejo de Participación designará a los vocales de la Judicatura valorando su hoja de vida. También la suficiencia profesional y propuestas. Según el propio Ulloa, los candidatos pasaron estos requisitos.
El constitucionalista André Benavides sostiene que es un pretexto el decir que no hay consensos para no nombrar a la primera autoridad del Consejo de la Judicatura. “Esa papa caliente ya nopodemos asumir que es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia sino exclusivamente del Consejo de Participación».
Para constitucionalistas, un posible acuerdo entre el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura sería evidente. Los consejeros de mayoría del Consejo de Participación están en sus cargos precisamente tras una resolución del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que suspendió su destitución.
La Asamblea separó de sus cargos a los consejeros: Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. No obstante, el juez Lindao los regresó a sus funciones.