Actualizado 17:17
Redacción Teleamazonas.com |
«Debe ser cumplido de modo inmediato y obligatorio«. La Corte Constitucional respondió al Gobierno que la sentencia sobre la creación de una comisión de seguridad debe ser cumplida, a pesar de que fue tachada de «inejecutable» por el Mandatario.
El auto de aclaración fue emitido con ocho de nueve votos a favor, en sesión del 27 de marzo de 2025.. En este, la Corte Constitucional aceptó de manera parcial el pedido de aclaración realizado por el Ejecutivo.
Es así que la CC aceptó tres puntos de aclaración respecto a sus facultades y las normas que legitiman la disposición de la creación de una “comisión interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas y herramientas para transitar al régimen constitucional ordinario».
Pero negó tres de las solicitudes de aclaración, respecto a la declaración de estado de excepción por conflicto armado interno que, según la CC, no se ha configurado, «pues no se cumplen los requisitos de organización ni de intensidad que permitan calificar la situación como un enfrentamiento bélico«.
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Según el dictamen 1 – 25 EF/25, del 21 de febrero de 2025, el estado de excepción fue declarado parcialmente constitucional. Fue admitida la causal de grave conmoción interna, pero no la conflicto armado interno.
En dicho dictamen la Corte Constitucional ordenó la conformación de la Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales. Asimismo, establecer un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado, constitutivos de la declaratoria del estado de excepción a través del régimen constitucional ordinario.
De acuerdo con la CC, «la grave situación de violencia y crimen organizado que atraviesa el Ecuador responde a un problema estructural que no puede ni debe ser resuelto a través de un estado de excepción». Y añadió que esa figura debe ser usada de manera extraordinaria y temporal.
Como respuesta a la sentencia, el Ejecutivo señaló a la Corte de estar «emitiendo política pública», por la orden de crear la comisión interinstitucional.
En la aclaración la CC escribió que «cabe recalcar que la Corte no interviene ni crea o avala política pública de seguridad ni de lucha contra el crimen organizado».
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