El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, han sido implicados en un presunto caso de peculado relacionado con la concesión del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A. (Agunsa).
La vinculación fue realizada por el fiscal de Manabí, Paco Delgado Intriago, quien remitió el caso a la Fiscalía General del Estado, dado que ambos implicados gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia.
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En la investigación se consolidaron dos expedientes: uno por tráfico de influencias y otro por peculado. La asambleísta Adriana García Mejía (Gente Buena) contribuyó a la investigación con una acción de fiscalización, señalando diversas irregularidades. Según García, la concesión del puerto habría causado un perjuicio al Estado de aproximadamente $23 millones.
García presentó 33 conclusiones sobre las condiciones del contrato de concesión del puerto de Manta y 21 recomendaciones dirigidas al Gobierno y a las entidades de control. Una de las conclusiones indica que desde la concesión de la terminal internacional del puerto en 2016, la Autoridad Portuaria de Manta ha registrado déficits recurrentes.
Además, destacó que los ingresos generados por el 20% de la infraestructura administrada directamente por la Autoridad Portuaria de Manta son superiores a los obtenidos por el 80% de la infraestructura delegada a la empresa Terminal Portuario de Manta TPM S.A.
El fiscal Delgado Intriago señaló que se consolidaron los dos expedientes debido a la existencia de dos informes de la Contraloría General del Estado con coincidencias en los objetos y personas involucradas, cubriendo el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018.
Uno de estos informes presenta indicios de responsabilidad penal, sugiriendo que el exministro Walter Solís estaba al tanto de las actividades relacionadas con la concesión del puerto a Agunsa, la cual fue autorizada por el expresidente Rafael Correa.
El fiscal de Manabí remitió el caso a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus competencias, investigue las acciones y omisiones de Rafael Correa, Walter Solís y otros funcionarios involucrados.
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