Gobierno acusa a Copedesa, ligada a Aquiles Álvarez, de un daño de 94 millones de dólares

El Gobierno suspendió el despacho de combustible a Copedesa, vinculada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Este viernes, 20 de septiembre de 2024, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, acusó a la empresa de causar un daño de 94 millones de dólares al Estado.

En un video compartido en redes sociales, Neira insistió en que la empresa habría cometido un delito. Dijo que «el acto ilícito consistía en usar las compañías hoy denunciadas para la compra de diésel con subsidio que debía ser comercializado dentro de un segmento específico, entiéndase automotriz, industrial o naviero, pero que, en la práctica, era desviado de un segmento a otro”.

Según Neira, el perjuicio al Estado fue calculado tomando información de las entidades de control del sector y del Servicio de Rentas Internas (SRI). El valor que «ha beneficiado a los exaccionistas de Copedesa S.A.» corresponde a los últimos tres años.

El cálculo del perjuicio se hizo obteniendo la diferencia entre el valor del diésel con subsidio y sin subsidio. Esa cifra se multiplicó por el número de galones vendidos en 2021, 2022 y 2023, dando como resultado más de 94 millones de dólares, explicó Neira.

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En más de tres minutos, el funcionario alegó que los exaccionistas de la empresa se hicieron «millonarios de la noche a la mañana» a través del ilícito, por lo cual se suspendió la distribución de combustible.

El esquema detallado por Neira señaló el uso de las compañías del Grupo Alva3, hoy denunciadas, para adquirir diésel con subsidio y comercializarlo en sectores específicos como el automotriz, industrial y naviero, «en beneficio de los accionistas, hoy exaccionistas».

Finalmente, negó que se trate de una persecución política, argumentando que «en el momento en que se cometió el acto ilícito, uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política».

Caso Triple A

Dentro del denominado caso Triple A, las autoridades investigan el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

Fue precisamente el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Franklin Erreyes Tocto, quien presentó la denuncia en julio pasado.

El titular de la Agencia apuntó en esa ocasión que hay indicios de que existe una red organizada de comercio irregular de combustibles. Fueron cuatro empresas involucradas, una de ellas Codepesa en la que Álvarez consta como accionista.

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