Después de que el presidente Guillermo Lasso autorizó el porte de armas de fuego de uso civil, el Ministerio de Defensa anunció que trabaja en un acuerdo ministerial que regula el control de las mismas. En un comunicado publicado este 4 de abril de 2023, la Cartera también aclaró que la medida no implica libertad absoluta para poseer un arma.
El acuerdo que elabora el Ministerio busca regular el cumplimiento del Decreto del presidente Lasso. Según la Cartera de Estado, para asegurar que este sea adecuado se coordina con otras instituciones. Si bien no se especificó cuáles, se aseguró que estas forman parte de los protocolos de control necesarios previo a otorgar permisos.
En primer lugar, recordó el Ministerio de Defensa, para obtener un permiso de porte de armas de fuego para defensa personal, las personas deben ser mayores de 25 años. Además, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos:
- No haber sido sentenciados por el cometimiento de un delito.
- No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o el núcleo familiar.
- Pasar por controles psicológicos y un examen toxicológico certificados por una institución del sistema de salud pública.
- Obtener un certificado de destreza para el uso de su arma. (Este documento será regulado por el Ministerio de Defensa).
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Además de estos requisitos iniciales, el Ministerio de Defensa dijo que trabaja en otros que se regularán a través del acuerdo ministerial. En este, la institución prevé establecer también protocolos imprescindibles para regular la tenencia y porte de armas de fuego en el país.
La Cartera de Estado no especificó cuándo estará listo el acuerdo. Sin embargo, señaló que cuando el documento se termine se lo dará a conocer y se publicará conforme a lo que corresponda.
Otros detalles
En el comunicado, la institución recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a las personas que tengan o utilicen un arma de fuego sin la autorización de las autoridades. La sanción por la tenencia de armas puede ir desde los seis meses hasta un año en prisión. Mientras que la sanción por el porte de armas sin autorización va desde los tres hasta los cinco años de cárcel.
Sin embargo, la sanción tiene sus particularidades. En enero de 2023, la Asamblea aprobó una ley que estableció que no podrá haber sanciones para quienes se encuentren en el proceso de trámite o renovación de un permiso de tenencia y porte de armas.
Según el Ministerio de Defensa, el decreto del presidente Lasso implica la decisión de hacer cumplir la Ley de Armas vigente. Esta dice que los ciudadanos pueden tener acceso a un arma de fuego para su protección y defensa personal, pero con la autorización previa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
¿Qué pide la empresa privada?
Miguel Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (Anesi) en Pichincha, dice que para dar paso al decreto de Lasso sobre el porte de armas de fuego se necesitan también otras medidas.
Una de ellas, señala, es dar de baja a un acuerdo del Ministerio de Defensa, de 2007, que prohibía la importación de armas al Ecuador. En la actualidad, Orellana dice que el único proveedor de armas es la empresa pública Santa Bárbara, pero esta tiene costos muy altos.
Según el Presidente de la Anesi, un revólver calibre 38 cuesta 2 623 dólares, mientras que el valor de una pistola nueve milímetros es de 3 183. Representantes de empresas de seguridad ahora piden que el Gobierno califique a otras importadoras.
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Estos son los tres requisitos que establece el COIP para considerar legítima defensa https://t.co/sjAOUbGU0m pic.twitter.com/wOzORgReax
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