La Contraloría General del Estado respondió a la petición de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, de exámenes especiales a los contratos colectivos en cuatro empresas públicas. La respuesta se conoció este viernes 12 de julio del 2024.
El oficio suscrito por el contralor general subrogante, Carlos Sánchez, dispone a las Direcciones Nacionales de Auditoría de Recursos Naturales y Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos, que incluyan el análisis de revisión de contratos solicitado por el Ministerio del Trabajo.
Además se señala que con base en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se efectuarán los análisis a las siguientes entidades:
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El primer contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Comité de Empresa de Trabajadores de CNEL EP.
A la suscripción del primer contrato colectivo de trabajo entre la empresa de Hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador y el Comité de Trabajadores de dicha entidad que fue suscrito el 15 de noviembre del año 2017.
Adicional se analizará la ejecución por parte del representante legal de Petroecuador de las cláusulas de contratación colectiva pautadas.
Además, Contraloría analizará la suscripción del segundo contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y el Comité de empresa de los trabajadores CETRA-CELEC, suscrito el 10 de enero del 2018. También se incluye la ejecución de las cláusulas de contratación colectiva pautadas.
Y finalmente entra en análisis el proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Comité Nacional de Trabajadores de CNT.
El pasado 1 de julio del 2024 Núñez solicitó exámenes especiales a la Contraloría para que se determine si existen responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal en la firma de esos contratos.
El Ministerio señaló que se infringieron normas legales. Esto porque los contratos fueron suscritos sin contar con los dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas. La cartera de Estado también cuestiona la acción de protección puesta por los trabajadores “amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público hacia el Código del Trabajo”.
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