SNAI busca adjudicar contrato provisional de alimentación de presos

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció este viernes 17 de mayo de 2024 que busca adjudicar un contrato provisional para la alimentación de presos de una veintena de cárceles en el país.

De acuerdo con un breve comunicado del SNAI, la entidad se encuentra trabajando en la etapa precontractual. Y añade que están «implementando metodologías que no se consideraron en pasadas administraciones, para eliminar riesgos de posibles irregularidades».

La agencia penitenciaria aseguró el 26 de abril que los presos sí reciben comida. Esto luego de varias denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares que negaron esa afirmación.

Aunque SNAI aceptó que el martes 30 de abril se dio el último ingreso de Laffattoria, empresa de catering, a la Zona 1 para la distribución alimentaria. Desde el 1 de mayo, esta empresa se retiró por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

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A través de su cuenta de X, Daniel Noboa escribió que «jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado«. Incluso aseguró que desde 2015 LaFattoria S.A. ha recibido 171 millones de dólares de pago por sus servicios.

«171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales«, continúa la acusación del Primer Mandatario.

Ante lo que Richard Villagrán, presidente de LaFattoria S. A reaccionó con una negativa. Recordó que en los últimos meses se han hallado a militares y policías ingresando armas, municiones, drogas y otros elementos prohibidos.

«En 12 años no han encontrado un camión, un trabajador mío (ingresando objetos prohibidos a la cárcel), nunca», aseguró Villagrán y pidió que se investigue. Además cuestionó si «¿no será que se quieren (el Gobierno) ahorrar 30 millones que nos deben?»

De acuerdo con Villagrán, el Estado le adeuda 30 millones de dólares a su empresa. 20 millones por el servicio de desayuno escolar y 10 millones por el trabajo al interior de las prisiones.

También reveló que por falta de pago 152 trabajadores han sido despedidos. Mientras que adeuda a más de 300 proveedores.

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