En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no hay tregua. La pugna que inició el miércoles con la remoción de la presidenta Sofía Almeida mantiene dos bandos divididos.
Almeida permanece en la institución desde el viernes y Hernán Ulloa, el presidente designado por mayoría, sesiona desde un hotel de la capital.
La disputa por el control del CPCCS continúa. Hay dos presidentes, cada uno se respalda en un recurso legal; Sofía Almeida cuenta con una medida cautelar , mientras que Hernán Ulloa, presidente de mayoría, tiene una acción de protección.
Según el constitucionalista Ismael Quintana estos recursos no son procedentes. En el caso de Almeida, «la medida cautelar era improcedente y además tiene un vicio de incompetencia del juez en razón del territorio», explica Quintana
Y en el caso de Ulloa debió solicitar una revocatoria la medida cautelar y no una acción de protección. «Todo esto confluye en un solo escenario que es el abuso del sistema de garantías jurisdiccionales con la sola finalidad de zanjar disputas políticas», manifiesta el constitucionalista
Según Quintana, la bicefalia que se presenta en la institución no es posible. «Hasta que la situación no se zanje regularmente a través de estas acciones de protección y medidas cautelares, Hernán Ulloa es oficialmente el presidente del CPCCS», explica Quintana.
Por su parte, el constitucionalista Salim Zaidán señala que es la Asamblea Nacional la que debería intervenir en la disputa.
No obstante, resolver estos recursos podría tomar más de tres meses y mientras tanto los procesos de designación de autoridades continúan estancados.
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