A más de las elecciones presidenciales y legislativas los ecuatorianos acudirán el 20 de agosto de 2023 a las urnas a pronunciarse sobre la extracción petrolera en el Yasuní.
Sin embargo, analistas económicos sostienen que el impacto fiscal que podría generar la prohibición de explotación petrolera en el bloque 43 del parque nacional Yasuní, en caso de ser aprobada la consulta, será un remezón.
La medida implicaría una reducción del 12% en la producción petrolera nacional con 55 000 barriles diarios de petróleo que se dejarían de explotar.
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También habría un impacto social, pues de acuerdo a Walter Spurrier, analista económico, se omitió como las afectaciones que podrían tener las comunidades que habitan ahí.
“A las comunidades quichua y huaorani que viven en ese sector se les acaba el apoyo económico de las ventas petroleras que le da Petroecuador. Esas comunidades, están muy preocupadas del impacto que van a tener sobre ellas”, asegura Spurrier.
Por otra parte, José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, sostiene que para compensar este golpe fiscal el Gobierno podía apuntar por dos opciones antipopulares: incrementar el IVA o revisar al subsidio a los combustibles.
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