Steven Ordónez: No es momento para hablar de la proporcionalidad en las penas para delitos

“No es momento para hablar de dosimetría ni proporcionalidad. No le puedo decir a la chica que vio cómo mataron a su padre que vamos a aplicar la dosimetría. Si se le aumenta a un terrorista de 10 a 30 años es la lógica», señaló Steven Ordóñez, asambleísta del oficialismo sobre reformas de la consulta popular.    

“Se están agregando 12 delitos nuevos a los artículos 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primero tiene que ver con el régimen semiabierto y el 699 con el régimen abierto. El 698 se cumplía el 60% de la condena y salían. ¿Pero, en qué tiempo volvían a la cárcel?”, añadió Ordóñez, este lunes 8 de julio del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Este 8 de julio de 2024, el Pleno de la Asamblea aprobó las reformas derivadas de la Consulta Popular del pasado 21 de abril.

La semana pasada estuvo ya prevista la aprobación. Sin embargo, el texto regresó a la Comisión Multipartidista. El centro de la discusión fue el incremento de penas para 12 delitos.

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La mesa legislativa optó por ratificarse en la mayoría pero incluyó un cambio. Ordóñez señaló que la única modificación fue para los mineros artesanales. La pena se aplicará “siempre y cuando sea certificado que está combinada con delincuencia organizada”.

Otro tema que se incluye en las reformas es la modificación en los regímenes abierto y semiabierto. Esto permitía que los condenados por determinados delitos puedan salir de la cárcel tras el cumplimiento de un porcentaje de la pena.

En el texto incluye que esos beneficios no se aplicarán para delitos como financiación del terrorismo; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo y producción ilícita de drogas.

Uso de armas decomisadas

Ordóñez reveló que, actualmente, 48.000 armas en cadena de custodia de las Fuerzas Armadas. De ellas, 6.000 son de largo alcance o fusiles. Mencionó que con los cambios propuestos, estas podrán ser usadas por las Fuerzas Armadas.

Se le pone 90 días para que la Fiscalía haga las pericias y 15 día para que un juez levante la cadena de custodia”, dijo Ordóñez. Con esto se prevé reducir el tiempo en el que se armamento pasa a poder de la Policía y Fuerzas Armadas.

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