La octava pregunta (CASILLERO H) que los ecuatorianos responderán en las elecciones del domingo 21 de abril del 2024 pertenece a la consulta popular. Es decir que esta pregunta supone cambios legislativos que no afectan a la Constitución del Ecuador.
La pregunta dice:
¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
- Reformas al COIP: nuevos delitos y penas más duras contra el crimen organizado
- Consulta popular y referéndum: Pregunta F sobre control de armas
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en sus artículos 698 y 699 se refiere a los regímenes abierto y semiabierto del cumplimiento de penas por parte de las personas privadas de libertad.
Estos artículos establecen que quienes han sido sentenciados por algún delito pueden acceder a esta modalidad tras haber cumplido al menos el 60% u 80% de la condena impuesta. Sin embargo, aquellas personas que han sido condenadas por ciertos delitos, como asesinato, femicidio, sicariato, entre otros, no pueden acceder a estos regímenes.
En caso de que gane el Sí en esta pregunta, el Presidente de la República deberá remitir un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incluir 11 delitos adicionales en la lista de aquellos que no tendrán acceso a un régimen abierto o semiabierto. Entre ellos está:
- Financiación del terrorismo
- Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos
- Secuestro extorsivo
- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
- Actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados
- Tenencia y porte no autorizado de armas
- Extorsión
- Revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido
- Tráfico de influencias
- Oferta de realizar tráfico de influencias
- Testaferrismo
Seguido de ello, la Asamblea Nacional deberá debatir y aprobar la reforma en un plazo máximo de 60 días.
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