Restar competencias al Consejo de la Judicatura y transferirlas a la Fiscalía General del Estado es el objetivo de la pregunta dos de la Consulta Popular planteada por el presidente Guillermo Lasso.
La pregunta: ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
Pero, ¿Garantiza realmente una autonomía para la Fiscalía?
Actualmente el organismo encargado de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a fiscales, es el Consejo de la Judicatura.
El penalista Nino Casanello explica que, al transferir las competencias de un organismo a otro, se pierde la supervisión de un consejo pluriconformado; se forma uno nuevo, con siete integrantes designados por el titular de la Fiscalía, y que serán los nuevos encargados de seleccionar y sancionar a fiscales.
Para la constitucionalista Ximena Ron es una pregunta que necesita un análisis detenido, dice que uno de los problemas que existe dentro de la función judicial es la operatividad; que a decir de Ron no ha funcionado. Entonces, ella se pregunta si el consejo fiscal funcionará o sucederá lo mismo que en el Consejo de la Judicatura.
En ese contexto, ambos expertos tienen la misma preocupación y es que en que el poder se concentraría en una sola autoridad.
Además, Ron aclara que la autonomía se refiere únicamente el tema administrativo, ya que en el ámbito financiero ese consejo fiscal seguirá bajo dependencia de la Judicatura.
¿Qué pasa si gana el Sí?
La disposición general establece que, tras ganar el sí en la pregunta, se declararán desiertos todos los procesos de selección, designación, evaluación y promoción de fiscales que se están llevando a cabo. Mientras que, los procesos disciplinarios continuarán.
En cuanto a plazos, la norma establece que la Fiscalía General tendrá 30 días a partir de la publicación de resultados para conformar el Consejo Fiscal.
Y en cuanto a su implementación la Fiscalía tendría 90 días para remitir un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional y esta tiene hasta 365 días para aprobarlo.
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