Diego Garrido, concejal de Quito, pagó su deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Con eso, se levantó el impedimento que tenía el edil para ejercer cargos públicos, según consta en un documento del Ministerio de Trabajo, de este 31 de mayo del 2024.
Esta situación era un motivo para generar un proceso de remoción de Garrido, que podía ser impulsado por una denuncia ciudadana o un procedimiento de oficio desde el Ministerio de Trabajo.
Garrido adeudaba al SRI 87 900 dólares por no pagar el impuesto a la renta correspondiente al 2012, según constaba en la página del SRI. Sin embargo, el concejal asegura que la deuda que tenía era de 82 593. Además dice que acordó un convenio de pago, por lo que no tenía impedimento para ejercer cargo público.
El concejal de Quito asegura que se acogió a la remisión de intereses y solo pagó 24 688 dólares, con lo cual la deuda quedó cancelada.
‘No tengo impedimento para asumir el cargo’
Garrido, quien se encuentra de vacaciones, aseveró que en su declaración juramentada entregada para ser concejal reconoció la deuda con el SRI. «Con dicha institución acordé un convenio de pago por lo cual no tenía ningún impedimento para asumir el cargo de elección popular.
Acompañó su pronunciamiento con un certificado del Ministerio de Trabajo, del 11 de mayo del 2023 que, asegura, consta en los archivos pertinentes del Municipio de Quito.
«Cancelé mi obligación total con el SRI al acogerme a este beneficio otorgado por la ley. Dicha deuda está subsanada por lo cual no tengo impedimento alguno», agregó.
A MIS MANDANTES: NO TENGO IMPEDIMENTO DE EJERCER CARGO PÚBLICO #Quito 🔵🔴 @Primicias @teleamazonasec pic.twitter.com/VaKaVFmbaC
— Diego Garrido (@diegogarridov20) May 31, 2024
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Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, horas antes recalcó que esta situación es lamentable e indicó que no solo afecta la imagen del edil sino que suma a las críticas que tiene el Concejo Metropolitano.
«Lo mínimo que se espera de una autoridad es que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa aplicable y no se encuentre con prohibiciones e inhabilidades para que no haya duda alguna sobre la legitimidad y legalidad de sus actuaciones», enfatizó Alarcón.
Por su lado, Esteban Ron, especialista en Democracia y Gobierno, recordó que este impedimento para ejercer cargo público podría ocasionar su remoción. Proceso que se puede iniciar a través de una denuncia ciudadana o un procedimiento de oficio desde el Ministerio de Trabajo, con la información cruzada que tendría con el SRI.
De inmediato arrancaría un proceso sumario administrativo, donde el concejal puede presentar sus elementos de descargo.
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