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¿Cómo solicitar resguardo policial en Ecuador y en qué consiste el servicio?

14 de agosto de 2023
Karina Amaguaya 
Por Karina Amaguaya |

Hasta el 24 de julio del 2023, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Ministerio del Interior registraron que al menos 17 alcaldes contaban con resguardo policial, debido al incremento de inseguridad y violencia en el país.

Este lunes 14 de agosto, Teleamazonas conversó con el coronel de Policía Juan Francisco Orquera, subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Él explicó los protocolos a seguir cuando una persona solicita resguardo policial y lo que implica este servicio.

El primer paso para contar con él, dijo Orquera, es hacer un pedido formal, a través de un oficio, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Esta entidad se encarga de remitir la solicitud a la Dirección General de Inteligencia (DGI) y luego a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección.

Esta última entidad designa a un equipo que se encarga de analizar el nivel de riesgo que tiene la persona y los protocolos que se deben aplicar.

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Orquera señala que, una vez que tienen el informe de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, la Policía Nacional, en el que conste que el nivel de riesgo amerita el resguardo policial se destina el contingente humano.

Los funcionarios se encargan de la seguridad inmediata de la persona. ¿Qué significa? Los uniformados permanecen siempre junto a ella.

Esta etapa es parte de un eje preventivo y se maneja con recursos de la Policía del DMQ, es decir, patrulleros, motocicletas y otros elementos.

La segunda línea de protección para la persona que solicita resguardo es la activación de personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que actúa cuando hay alteraciones del orden público. Esto depende del nivel de riesgo del evento en el que se encuentra o de la persona.

También se establece un personal de reacción. Este nivel le corresponde a las Unidades Especiales de la Policía Nacional como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). «Esta unidad táctico policial tiene el medio logístico, el armamento para poder interferir en una situación de crisis», señala Orquera.

Añadió que la parte investigativa se encuentra a cargo de la Policía Judicial. Mientras, la DGI recopila información de las alertas que han surgido por el caso para que se planifique la parte operativa y se garantice la seguridad de la persona.

Código 3

Por otra parte, Orquera dio a conocer que el DMQ cuenta con un Código 3. Este establece que todo el personal y los medios logístico deben activarse en cada Distrito, de forma inmediata, especialmente en el lugar donde se ha presentado una crisis.

Este recurso no es únicamente para la protección de personas, sino que se activa también en casos de robos. Por ejemplo, un robo bancario o cuando existe alguna novedad con un servidor policial herido en algún procedimiento, indica.

En este caso, el personal trabaja de forma coordinada con el ECU-911 y dispone el cierre total de la ciudad, en los puntos estratégicos, dijo Orquera. Este es el procedimiento que se activó el fin de semana cuando se reportó el secuestro de la hija del exalcalde de Quito Jorge Yunda.

«Esto fue eficiente porque cerramos en minutos las vías de escape de la ciudad de Quito; y después de evidenciar el movimiento de las unidades, el factor psicológico hizo que las personas infractoras de la ley abandonaran a la hija del exalcalde Yunda en el sector norte de la ciudad».

Para que este Código tenga mayor eficacia, Orquera recomienda a la ciudadanía que, al observar una situación inusual lo reporte de inmediato a través del ECU-911. El servicio de resguardo policial u otro tipo de acompañamiento que una persona necesite de la Policía Nacional no tiene costo, enfatizó.

Finalmente, Orquera indicó que no existe una temporalidad establecida para retirar el resguardo policial. En el caso de los candidatos que cuentan con este servicio, dijo que, una vez que concluya la etapa electoral, el personal encargado vuelve a realizar un análisis de la situación y determina si continúa o no con la protección.

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