Ecuador atraviesa un momento histórico. Por primera vez, en el país se enjuicia políticamente a un Presidente. Todo empezó con una solicitud que presentó la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, y que respaldó con 59 firmas de legisladores correístas, del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Pachakutik.
A Lasso lo acusan de peculado por haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker Pool.
Los legisladores proponentes aseguran que el mandatario conoció las irregularidades al interior de Flopec y que, en lugar de dar por terminado el contrato –que, aseguran, era perjudicial para el Estado- permitió que se siga ejecutando.
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Sin embargo, Lasso niega las acusaciones y asegura que la firma del contrato fue en el 2018, cuando aún no era Presidente. Además, su defensa insiste en que si la Asamblea destituye al Presidente por una razón distinta al peculado, la Corte Constitucional puede dejar sin efecto esa decisión por incumplimiento
¿Qué pasa en la Asamblea?
Para que la Asamblea destituya a Lasso se necesitan 92 votos favorables. Si llega a suceder, el actual vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la Presidencia.
Las comparecencias en la Asamblea terminaron el 26 de abril de 2023 y la Comisión de Fiscalización tuvo 10 días para elaborar un informe que recomiende o no seguir adelante con el juicio político. Este plazo se cumple el 6 de mayo.
Informe borrador no recomienda juicio
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, reveló que en el informe borrador no se recomienda el enjuiciamiento político al presidente Lasso. Lo dio a conocer en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este viernes 5 de mayo del 2023 y aseguró que hará cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El asambleísta dijo que tras haber analizado las pruebas de cargo y descargo, y las acusaciones políticas presentadas, la Comisión de Fiscalización, concluyó que el Primer Mandatario no ha incurrido en el presunto delito de peculado y por ello no se recomienda el juicio político.
Sin embargo, aún en el caso de que la Comisión no apruebe un informe favorable o no logre ponerse de acuerdo para votar, los 137 asambleístas tienen la opción de convocar y decidir si se continúa o no con el juicio político.
De ser ese el escenario, en una sola sesión se expondrán los argumentos de ambas partes y el presidente deberá comparecer obligatoriamente ante el pleno para ejercer su defensa. Posterior a esa sesión, los asambleístas deberán votar en 72 horas y decidir si lo destituyen o no.
Muerte Cruzada
Lo controversial durante el juicio político han sido las advertencias de aplicar la muerte cruzada. Lasso ha asegurado que si el juicio avanza e intentan destituirlo disolverá el Legislativo y convocará a elecciones anticipadas.
La muerte cruzada es una opción que está vigente en Ecuador desde la Constitución de 2008 y que nunca se ha aplicado en el país. Esta facultad puede ser ejercida una sola vez por el Presidente de la República en los primeros tres años de su mandato
Si el mecanismo se usa, la Asamblea sería inmediatamente disuelta y se convocaría a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de 6 meses. En ese período Lasso gobernaría por decreto.
Pero aplicar la muerte cruzada no es tan sencillo. Es necesario probar una de las tres causales establecidas en la Constitución: que los legisladores obstruyan el plan de Gobierno, por grave crisis y conmoción interna o que el Legislativo se haya arrogado funciones que no le corresponden.
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) May 5, 2023