La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), clausuró en la ciudad de Cotacachi (Imbabura), norte de Ecuador, un establecimiento que ofertaba supuestos tratamientos contra las adicciones sin contar con el permiso de funcionamiento requerido.
La Defensoría del Pueblo había hecho la denuncia porque el lugar ofrecía y realizaba supuestos tratamientos de “deshomosexualización”, lo que vulnera la Constitución de Ecuador.
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Esa denuncia alertó a la Acess, que descubrió que el establecimiento no cumplía la normativa sanitaria para el Control y Vigilancia de los Establecimientos de Salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas.
La Normativa Sanitaria para el Control y Vigilancia de los Establecimientos de Salud que prestan Servicios de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Estad) establece las siguientes prohibiciones:
- Mantener internos a los pacientes contra su voluntad.
- Promover prácticas de intimidación, violencia, acoso, abuso sexual, de género y otras.
- Discriminar a los pacientes por su condición social, origen, identidad étnica, sexual, religiosa o cultural.
- Utilizar cualquier forma de maltrato físico, psicológico, sexual, violencia de género sobre las personas, a través de torturas o penas crueles inhumanas, degradantes.
- Retener o someter a personas por medios violentos físicos o psicológicos, para proceder a su internamiento forzado.
- Ingresar a propiedad privada con el fin de retener o someter a una persona.
- Ofrecer tratamientos para trastornos tales como el “tratamiento para la homosexualidad”, tratamientos para patologías como trastornos de personalidad y problemáticas de conducta.
¿Qué se encontró en el lugar?
La posible vulneración de los derechos de los pacientes y las faltas a la normativa sanitaria vigente, permitieron que la Acess realizara la evaluación de la infraestructura, equipamiento, talento humano y normativas conexas del lugar.
Tras la evaluación la autoridad detectó que el establecimiento no contaba con el licenciamiento ni con permiso de funcionamiento otorgados por la Agencia, ante ello se adoptó la medida provisional de clausura, con el fin de proteger el derecho a la salud de los 18 pacientes, entre ellos un menor de edad, que se encontraban en el sitio.
El equipo técnico de la Acess, también detectó inconvenientes con el manejo de los desechos del establecimiento, lo cual se agregó al informe correspondiente.
Los pacientes fueron evaluados por los profesionales del Ministerio de Salud Pública, quienes brindaron acompañamiento durante el operativo. En el caso del menor de edad, se hizo contacto con sus padres y fue puesto a disposición de ellos.
El operativo de clausura contó también con el apoyo de la Policía Nacional, la Gobernación de Imbabura y la Defensoría del Pueblo, instituciones que actuaron en el marco de sus competencias.
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