La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la incursión policial en la Universidad de San Marcos en Perú. El organismo se refirió también al desalojo y detenciones masivas en esa casa de estudios. Además exhortó con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y a garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas.
Los casos de desalojos forzosos son incompatibles con los principios del derecho internacional, señaló la CIDH el sábado 21 de enero del 2023. De realizarse, dijo el organismo internacional, deben adoptarse las medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada. Asimismo, el organismo indicó que los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social.
En Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos, rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines. Ahí detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que pernoctaban en el lugar. Frente al hecho, estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria para rechazar la intervención.
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La situación en la universidad
«Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa», dijo a la AFP Luz María Ramírez, de 62 años. Ella llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. Los manifestantes habían pernoctado en la universidad a pesar de la negativa de la institución. La universidad dijo que la Policía actuó «de oficio» porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves 19 de enero.
El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó en un canal de televisión que la intervención se dispuso «dentro de la flagrancia». Agregó que los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz. Asimismo, un portavoz de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo que los detenidos son unos 200, que fueron llevados a la Prefectura de Lima.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso. Además recalcó que llevar a los detenidos ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas.
La Defensoría del Pueblo denunció que no se le permitió ingresar a la universidad durante la intervención. Lo mismo sucedió con parlamentarios de oposición. Hasta la Prefectura llegaron personas a expresar apoyo a los detenidos. «Es un abuso lo que están haciendo. Les dicen terroristas, pero son campesinos que han venido a hacer sus reclamos», dijo a AFP Dalia Sánchez, una desempleada de 64 años.
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