Actualizado 12:25
Redacción Teleamazonas.com |
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, Guayaquil, este miércoles 22 de enero de 2025.
«El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia», reza el comunicado de prensa difundido por la CIDH. Asimismo, incluye que Ecuador deberá asegurarse de que se verifique y aclare «la posible responsabilidad de personal militar».
La CIDH resaltó la importancia de que el Estado garantice la justicia para las familias de los menores, a través de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación que incluyan medidas para la no repetición.
El crimen de los cuatro niños conmocionó el Ecuador en medio de constantes estados de excepción, uno de ellos vigente en Guayaquil al momento de su detención. Por lo que la CIDH recordó que la seguridad ciudadana debe estar a cargo de los cuerpos policiales civiles, ya que las fuerzas armadas están entrenadas para «derrotar al enemigo».
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La CIDH también mostró su preocupación por las disculpas emitidas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en las que, en cadena nacional, por orden judicial, arremetió contra la jueza que dio paso al hábeas corpus reconociendo el delito de desaparición forzada.
Según el organismo, esas declaraciones «pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país».
Steven Medina, de 11 años, Josué e Ismael Arroyo de 14 y 15 años, y Saúl Arboleda de 15 años fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por un grupo de militares en una zona aledaña al Mall del Sur, en Guayaquil. Ellos fueron señalados por un presunto robo, sin embargo, la Fiscalía desmintió este hecho por falta de una denuncia y pruebas que lo respalden.
El día 24 las autoridades hallaron cuatro cuerpos calcinados en la zona rural de Taura. Luego de realizar exámenes de ADN, el 31 de diciembre se los identificó como los cuatro menores desaparecidos.
Una jueza de niñez y adolescencia, mediante un hábeas corpus, declaró la desaparición forzada de los niños y ordenó la investigación. A 16 militares se les ordenó prisión preventiva por ese delito.
Los uniformados apelaron la decisión y su audiencia está prevista para el 23 de enero.
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