El exjuez de la Corte Provincial del Guayas Alberto Lino fue el segundo en dar su testimonio anticipado en el caso Purga. Este 26 de agosto de 2024, él señaló al exasambleísta Pablo Muentes como la principal cabeza en la trama de delincuencia organizada al interior de la Función Judicial.
El exjuez contó que fue la expresidenta de la Corte del Guayas y también procesada en el caso Purga, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, quienes le presentaron a Muentes. Para eso acudió a una reunión en la casa del exasambleísta ubicada en la exclusiva Isla Mocolí.
La historia de Lino comenzó con su traslado, en abril de 2023, de la Sala Penal de la Corte del Guayas a la Sala de la Familia. Cuando eso se decidió le informaron: “la decisión viene de arriba, de gente importante”.
Finalmente, con el cambio de Sala, su despacho fue ocupado por Reinaldo Cevallos, quien también es procesado en Purga. Sin embrago, a Lino le ofrecieron otro cambio y le pidieron que para eso dirigiera una solicitud a la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas Mercedes Villareal.
Hay que recordar que esta última fue detenida en España con fines de extradición después de que intentó casarse con un español.
Lino contó que no especificó a dónde quería ser cambiado pero que él sabía que iría a la Sala de lo Civil y estaba de acuerdo con esa modificación. Un dato importante es que su solicitud de cambio fue aprobada en un día.
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La reunión en Isla Mocolí
Según el exjuez, Pablo Muentes dijo que tanto Gallardo como Marfetán eran de su absoluta confianza. También refirió que Muentes había dicho que fue el responsable de poner a Mercedes Villareal en el Consejo de la Judicatura del Guayas.
Después le habló del caso Banco del Pacífico. En Purga, la Fiscalía investiga un proceso judicial de Muentes contra ese Banco en el que se le ordenó pagar USD 4 millones a favor del exasambleísta.
La entidad bancaria argumento después que Muentes había presentado documentación falsa. El exasambleísta le comentó a Lino que, en primera instancia, ya se había negado la pretensión del Banco del Pacífico y lo que necesitaba ahora era que se confirme esa sentencia.
Lino también contó que el exasamblesía le mostró los expedientes disciplinarios en su contra. Dos de ellos estaban relacionados con sanciones de llamados de atención y un tercero por destitución. “Si no me ayudas recuerda que yo puse a Meche y al Director encargado del área disciplinaria provincial de la Judicatura Saúl M”, le habría dio Muentes.
El testimonio de Ruth Solano
Ruth Solano, exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, rindió también su testimonio este lunes 26 de agosto del 2024.
Ella contó que la trama surgió tras la terminación unilateral de un contrato entre el Cuerpo de Ingenieros y la Empresa de Obras Públicas del Municipio de Quito.
Esta decisión, según Solano, podría haber llevado a que el Cuerpo de Ingenieros fuera declarado contratista incumplido, lo que le habría impedido recibir contratos públicos durante un período de cinco años. Por ello, buscaron mecanismos legales para evitar el incumplimiento.
La testigo señaló que, al menos dos acciones de protección fueron presentadas en Quito y fueron denegadas en las dos instancias judiciales correspondientes. Ante esta situación, el Cuerpo de Ingenieros recurrió a la contratación, mediante comisión de servicios, del abogado Andrés Chávez.
Según el testimonio, también se contrató al jurista Jorge Zavala Egas, quién les sugirió plantear una acción de protección en Samborondón. La medida se planteó en diciembre del 2022 y recayó en manos de la jueza Larissa Ibarra. Un año después, la magistrada también negó la acción propuesta.
Entonces, se planteó una apelación en la Corte Provincial del Guayas, que recayó en un tribunal compuesto por los jueces Henry Taylor, Guillermo Valarezo y Fabiola Gallardo. Asimismo, dijo Chávez, solicitó la contratación de Tatiana Villafuerte (también procesada) para este caso.
Solano asegura que en una reunión en la que Solano no estuvo presente, Chávez ofreció la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y por ello, dijo, el comandante del Cuerpo de Ingenieros fue quien dispuso la verificación del material.
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