Los testigos protegidos dentro del Caso Purga revelan cómo la corrupción del sistema judicial, alcanzó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ruth Solano, exprocuradora judicial de esa institución, rindió su testimonio este lunes 26 de agosto del 2024.
La audiencia se instaló pasadas las 10:00 y se inició con el testimonio de Solano. Ella contó que la trama surgió tras la terminación unilateral de un contrato entre el Cuerpo de Ingenieros y la Empresa de Obras Públicas del Municipio de Quito.
Esta decisión, según Solano, podría haber llevado a que el Cuerpo de Ingenieros fuera declarado contratista incumplido, lo que le habría impedido recibir contratos públicos durante un período de cinco años. Por ello, buscaron mecanismos legales para evitar el incumplimiento.
La testigo señaló que, al menos dos acciones de protección fueron presentadas en Quito y fueron denegadas en las dos instancias judiciales correspondientes. Ante esta situación, el Cuerpo de Ingenieros recurrió a la contratación, mediante comisión de servicios, del abogado Andrés Chávez.
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Según el testimonio, también se contrató al jurista Jorge Zavala Egas, quién les sugirió plantear una acción de protección en Samborondón. La medida se planteó en diciembre del 2022 y recayó en manos de la jueza Larissa Ibarra. Un año después, la magistrada también negó la acción propuesta.
Entonces, se planteó una apelación en la Corte Provincial del Guayas, que recayó en un tribunal compuesto por los jueces Henry Taylor, Guillermo Valarezo y Fabiola Gallardo. Asimismo, dijo Chávez, solicitó la contratación de Tatiana Villafuerte (también procesada) para este caso.
Solano asegura que en una reunión en la que Solano no estuvo presente, Chávez ofreció la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y por ello, dijo, el comandante del Cuerpo de Ingenieros fue quien dispuso la verificación del material.
De acuerdo con la testigo, los fondos para el pago de Villafuerte y para la remodelación salieron de un fondo emergente que maneja el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En total se utilizó alrededor de 7 000 dólares.
Testigo amenazada de muerte en la cárcel
La testigo se encuentra recluida en la cárcel de Cotopaxi y asegura que ha recibido constantes amenazas de muerte la interior de la prisión. Según contó, los militares que se encuentran en el sitio la presionan para que no delate a los funcionarios de las Fuerzas Armadas.
También dijo que sufre muchas instigaciones al suicidio. Aseguró que constantemente le golpean la puerta de su celda y le preguntan si ya se mató, y si lo va a hacer que lo haga en el siguiente turno porque no quieren limpiar.
Dijo que sufre tratos denigrantes y que los militares se burlan de su situación. Que ha pedido su traslado en múltiples ocasiones, pero que no se lo han aprobado.
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