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Caso Plaga: Exjuez revela que le pidieron beneficiar al coautor del asesinato del general Gabela

3 de septiembre de 2024
Ana Rosero

La manipulación en el sistema de justicia no solo se habría concentrado en otorgar beneficios penitenciarios a privados de la libertad, si no en pronunciarse a favor de exautoridades de entidades públicas, como el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Esto lo reveló el exjuez de la Concordia, Ángel Lindao.

Él rindió su testimonio anticipado en el caso Plaga, este martes 3 de septiembre del 2024, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. La fiscal general, Diana Salazar, estuvieron presente en la diligencia.

Lindao, quien está procesado en esta trama de corrupción, narró cómo se convirtió en una pieza importante dentro de las causas que impulsaba Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero.

Lindao aseguró que la primera causa en la que lo contactaron estaba relacionada con una acción de protección con la que Norero buscaba recuperar su casa en Riveras del Batán. El día en que convocó a esa audiencia, él recibió un mensaje de la defensa de Norero en el que le exigía que se pronunciara a favor de su cliente.

«Me dijo que resolviera hoy mismo porque o si no la cosa se iba a poner fea, que me iba a dar 20 000 dólares, que los reciba porque o si no era un desaire y me iba a ir mal«, relató Lindao.

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El entonces juez de la Concordia le otorgó a Norero esa medida irregular y eso le implicó una suspensión del cargo. Sin embargo, días antes de que culminara su sanción, los entonces vocales del Consejo de la Judicatura lo reintegraron en funciones.

Y para evitar su destitución, el entonces director de la Judicatura, Víctor M. le pidió 100 000 dólares o seguir colaborando con la organización. Según el testimonio del exjuez, de esa forma los trámites irregulares pasaron de la liberación de personas privadas de la libertad a temas políticos.

Uno de los casos más controversiales fue la acción de protección con la que los entonces vocales del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo buscaban recuperar sus cargos tras ser destituidos por la Asamblea, en noviembre del 2022.

Para que la causa sea tramitada por Lindao, fue sorteada siete veces. «En este caso no recibí ni un centavo, lo hice porque me dijeron que iban a archivar mi sumario. En una reunión me dijeron que el presidente ( Guillermo) Lasso estaba agradecido porque eso le había dado tiempo de reestructurar una nueva mayoría«, señaló el exmagistrado en su testimonio.

«Además, en ese caso la mayoría opositora compuesta por correístas y social cristianos tenían un plan para tomarse el poder del Consejo de Participación Ciudadana y su próximo objetivo era la fiscal Diana Salazar», añadió Lindao.

Él ya fue condenado a 40 meses de privación de la libertad por el delito delincuencia organizada, tras someterse al procedimiento abreviado, en el caso Metástasis. Esa causa también está relacionada con la corrupción en el sistema de justicia.

Asesinato del general Gabela

Lindao también recordó que en noviembre de 2022 llegó a su despacho un pedido para beneficiar a un privado de la libertad que era uno de los coautores del asesinato del general Gabela.

Relató que en ese momento se negó a aceptar esa medida cautelar. Sin embargo, Cristian Romero le indicó que el preso era el cabecilla de un grupo delictivo con la intención de generarle temor.

Entonces, Lindao convocó a la audiencia, pero la defensa técnica del caso se opuso su la instalación. Alegó que no era competente. «Al escuchar eso, suspendí la diligencia. Pero Romero inmediatamente me llamó y me preguntó por qué suspendí. Además, me dijo: «de la abogada no se preocupe ya nos vamos a encargar», entonces convoqué nuevamente a la audiencia y ya no comparecieron ninguno de los accionantes«.

Finalmente, Lindao no otorgó la medida cautelar «ya que le parecía que el asesinato del general Gabela iba a quedar impune. Preferí hacer otras cosas y no dar esa medida cautelar».

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