Caso Pico y Plata: Agentes de tránsito habrían exigido dinero a las víctimas mediante amenazas

Fiscalía procesó a siete agentes metropolitanos de tránsito por el presunto delito de concusión en el caso denominado Pico y Plata. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la noche de ayer (jueves 18 de octubre del 2024), en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Durante esta diligencia, un juez de Quito acogió el pedido de Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. Los agentes procesados deberán presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y tienen prohibición de salida del país.

Según las investigaciones de Fiscalía, los agentes habrían solicitado, por medio de amenazas, dinero a conductores a cambio de no sancionar infracciones de tránsito, como el incumplimiento de la medida de Pico y Placa.

Estos funcionarios municipales fueron detenidos durante 14 allanamientos ejecutados en Quito por Policía y Fiscalía, el jueves 17 de octubre del 2024.

En estas intervenciines se aprehendieron a siete agentes de tránsito por presunta concusión y otras dos personas fueron aprehendidas con fines investigativos. Además, se encontraron como evidencias: dinero en efectivo, celulares, computadoras, matrículas y licencias de conducir y uniformes de uso oficial.

Además se ejecutaron otros allanamientos en el marco de dos investigaciones por ese mismo delito. Como parte de estas pesquisas, los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M. fueron detenidos.

Durante otra audiencia de formulación de cargos de esos funcionarios, un juez Anticorrupción dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Segundo J. y Geovanny M., procesados por su presunta autoría en el delito de concusión.

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Al igual que en el primer caso, los funcionarios metropolitanos «habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular Pico y Placa o con circulación de vehículos con llantas lisas«, detalló la Fiscalía.

El mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad Nacional Delito contra la Eficiencia en la Administración Pública, confirmó que son 14 los detenidos por estos casos, que se investigan desde el 2022. De ellos nueve son agentes de tránsito y cinco son colaboradores, algunos son familiares de los detenidos.

Gaibor indicó que los «colaboradores» prestaban sus cuentas bancarias para que el dinero que exigían a cambio no emitir la sanción por infracciones de tránsito sea depositado. Por ello, se ejecutaron allanamientos en Imbabura y Pichincha.

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