Caso González y otros: expolicías sentenciados por desaparición forzada

Cuatro expolicías fueron sentenciados, este lunes 5 de agosto, por la desaparición forzada de tres hombres. El caso González y otros investigaba una operación policial ejecutada en una farmacia de la Alborada, en el norte de Guayaquil.

El 19 de noviembre de 2003, se investigaba un supuesto asalto al que acudieron tres de los sentenciados, Aurelio Chila, Rodrigo Cevallos y Orlando Villacrés, que eran policías en servicio activo y Érick Salinas en servicio pasivo.

Los cuatro expolicías fuero sentenciados a 26 años de cárcel como coautores del delito. Además el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia les impuso una multa de 800 Salarios Básicos Unificados (SBU), es decir, 368 000 dólares.

Los sentenciados deberán pagar la reparación integral para los familiares de las víctimas y asumir las costas judiciales que se han generado a lo largo del proceso.

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Durante el operativo policial en Guayaquil, ocho personas fueron ejecutadas y cuatro desaparecieron. En 2016 la Fiscalía alertó que uno de los desaparecidos fue hallado en Venezuela.

El testimonio de la víctima fue clave para probar las acciones de los uniformados ese día. El hombre fue ingresado en el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos para proporcionar toda la información del caso.

El testigo protegido reveló que fue detenido, junto con las otras víctimas, y sometido a torturas físicas y psicológicas. Tres cuerpos, incluido él, fueron arrojados al estero Salado donde los uniformados dispararon una vez más.

Sin embargo, el testigo sobrevivió colocándose debajo de uno de los fallecidos. Luego nadó y escapó por el lado del suburbio oeste de Guayaquil

Tribunal

Los jueces Felipe Córdova, Javier de la Cadena y Julio Inga emitieron la sentencia de manera unánime. Ordenaron a la Policía Nacional a pedir disculpas públicas en un plazo no mayor a 30 días.

También se añadió en la sentencia una medida de no repetición dispuesta para la Comandancia de Policía Nacional. La institución tendrá la obligación de crear o preparar personal para una unidad de Derechos Humanos integrada por civiles y policías. Además, en su página web deberá publicar el texto completo de la sentencia, en un máximo de dos años.

En la farmacia donde ocurrió el crimen se deberá colocar una placa conmemorativa con los nombres de César Mata, Jhonny Gómez y Erwin Vivar.

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