Movimiento indígena rechaza posible entrega del Campo Sacha a consorcio liderado por empresa china

Actualizado 19:55

Redacción Teleamazonas.com |

«Alertamos al país y expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la intención del Gobierno de Daniel Noboa de entregar el Campo Sacha a un consorcio de empresas liderado por la estatal china Sinopec». Así rechazó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la posibilidad de concesión del campo petrolero, este viernes 7 de febrero del 2025.

El movimiento indígena calificó de opaco y sin transparencia el proceso al señalar que «se pretende realizar a dedo«.

Además, cita a la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas Públicas (ANTEP), que señala que la entrega del Campo Sacha (Bloque 60), que produce 77.000 barriles de petróleo por día, generaría pérdidas superiores a $1.000 millones en 20 años.

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La Conaie respaldó la acción de inconstitucionalidad presentada por el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y ANTEP contra el Acuerdo Ministerial No. 40, que facilita la privatización del Bloque 60.

La Antep presentaí el 6 de febrero en Quito una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en contra el proceso de concesión del campo Sacha, el más productivo del país.

El secretario general de la Antep, David Almeida, explicó a los medios de comunicación que la acción de incumplimiento es en contra del Acuerdo N°40 del Ministerio de Energía, del 26 de noviembre, en el cual se cita como base jurídica «para justificar la entrega del campo Sacha» el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, reformado durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pero, esa reforma fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, el 28 de octubre de 2022.

Por su parte, la Conaie señala que el proceso impulsado por la ministra encargada Inés Manzano, evidencia graves irregularidades en la gestión de los recursos estratégicos del país.

También, alertó que en las negociaciones se pretende incluir cláusulas de arbitraje internacional, prohibidas por la Constitución y rechazadas en el referéndum de abril de 2024.

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