El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su Gobierno sufrió «ataques sistemáticos» de «algunos países» por las «decisiones tomadas» para combatir la violencia en el país.
Bukele habló sobre los «cambios» realizados en El Salvador, como la sustitución del fiscal general y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) – cuyos procesos fueron cuestionados -, y aseguró que en ese momento comenzaron las condenas internacionales. «Algunos países, medios de comunicación, algunos expertos iniciaron ataques sistemáticos contra cada una de las decisiones que tomábamos».
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El mandatario señaló que «personas que nunca usaron su poder e influencia para exigir seguridad para nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones para detener la masacre».
Indicó que «países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día, de pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiamos al fiscal, a los magistrados o los jueces»
«¿No les parece absurdo que nos cuestionarán por eso?», expresó.
«Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo», agregó el Primer Mandatario.
Bukele dijo que el país «ya no es la capital mundial de la muerte. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda, ahí están los resultados, son irrefutables», acotó.
También aseguró que su Gobierno está construyendo mejores relaciones con países aliados que quieren ayudar a construir el país y construir sus sueños. Además, sostuvo que «ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países».
«En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legitimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarnos (…) no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino nuestro derecho a tener la razón», agregó.
Medidas adoptadas
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que contempla la suspensión de varios derechos constitucionales, como el derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas.
Esta medida, que se ha convertido en la principal acción del Gobierno contra las maras, ha dejado a más de 72.600 detenidos, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, y de más de 160 muertes de personas bajo custodia estatal.
Según Bukele, «hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente».
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