El presidente estadounidense Joe Biden puso fin de manera oficial a la “emergencia nacional” que el entonces mandatario Donald Trump declaró a fin de usar dinero del Pentágono para construir un muro a lo largo de la frontera con México.
La Casa Blanca publicó el jueves una carta de Biden a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que notificaba al Congreso que había rescindido la proclama de febrero de 2019 hecha por su predecesor.
Se trató de una formalidad, dado que Biden ordenó detener la construcción del muro fronterizo poco después de haber asumido la presidencia.
En su carta, el presidente dijo que la declaración de emergencia nacional hecha por Trump había sido “injustificada” y que él había dado la instrucción de que “ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses sea destinado a construir un muro fronterizo”. También ordenó una revisión de todo el dinero gastado en el proyecto hasta la fecha.
Estados Unidos ha estado construyendo muros fronterizos por décadas tanto en gobiernos demócratas como republicanos. Trump hizo del muro un tema central de su primera campaña presidencial, y prometió construir uno que abarcara la frontera entera y que México pagaría por él.
Trump se hizo de cerca de 6.000 millones de dólares de fondos militares bajo la emergencia nacional que él mismo declaró después que el Congreso se negó a aprobar el monto que deseaba para el muro, llevando al paro de actividades del gobierno más largo en la historia del país.
La Corte Suprema ratificó una impugnación legal a las medidas de Trump en una votación de 5-4 en julio de 2019.
Para finales del gobierno de Trump, Estados Unidos había completado más de 720 kilómetros (450 millas) de construcción de nuevo muro a lo largo de la frontera de 3.145 kilómetros (200 millas). Gran parte de la construcción se efectuó en zonas donde ya existía algún tipo de barrera.
Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que el muro fronterizo había reducido las actividades de traficantes y los cruces ilegales de personas en la zona limítrofe, donde facilitó las detenciones. Los detractores argüían que había formas para una vigilancia policial más efectiva y que tramos del nuevo muro dañaron zonas ambientalmente delicadas o se hicieron en lugares donde no era necesario. También hubo terratenientes que objetaron la confiscación de terrenos para el proyecto.
Hasta el 15 de enero, el gobierno había gastado alrededor de 6.000 millones de los casi 11.000 millones de dólares a los que ascendían los contratos para las obras.
En su carta, el presidente dijo que la declaración de emergencia nacional hecha por Trump había sido “injustificada” y que él había dado la instrucción de que “ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses sea destinado a construir un muro fronterizo”. También ordenó una revisión de todo el dinero gastado en el proyecto hasta la fecha.
Estados Unidos ha estado construyendo muros fronterizos por décadas tanto en gobiernos demócratas como republicanos. Trump hizo del muro un tema central de su primera campaña presidencial, y prometió construir uno que abarcara la frontera entera y que México pagaría por él.
Trump se hizo de cerca de 6.000 millones de dólares de fondos militares bajo la emergencia nacional que él mismo declaró después que el Congreso se negó a aprobar el monto que deseaba para el muro, llevando al paro de actividades del gobierno más largo en la historia del país.
La Corte Suprema ratificó una impugnación legal a las medidas de Trump en una votación de 5-4 en julio de 2019.
Para finales del gobierno de Trump, Estados Unidos había completado más de 720 kilómetros (450 millas) de construcción de nuevo muro a lo largo de la frontera de 3.145 kilómetros (200 millas). Gran parte de la construcción se efectuó en zonas donde ya existía algún tipo de barrera.
Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que el muro fronterizo había reducido las actividades de traficantes y los cruces ilegales de personas en la zona limítrofe, donde facilitó las detenciones. Los detractores argüían que había formas para una vigilancia policial más efectiva y que tramos del nuevo muro dañaron zonas ambientalmente delicadas o se hicieron en lugares donde no era necesario. También hubo terratenientes que objetaron la confiscación de terrenos para el proyecto.
Hasta el 15 de enero, el gobierno había gastado alrededor de 6.000 millones de los casi 11.000 millones de dólares a los que ascendían los contratos para las obras.