El Presidente de la Corte de Justicia de Manabí dictó auto de llamamiento a juicio en contra del Banny M., exjuez de Garantías Penitenciarias, por una presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.
Además, dispuso que se mantengan las medidas cautelares de prohibición de salida del país, arresto domiciliario y uso del dispositivo de vigilancia electrónico.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal provincial de Manabí, Karla Vélez, presentó los elementos de convicción suficientes para que el magistrado, Carlos Zambrano, tome la decisión de llamar a juicio al procesado.
Según se detalló durante la diligencia, el procesado fue aprehendido la noche del 9 de agosto de 2022, por parte de la Policía Nacional, en San Jacinto, cantón Sucre, ejecutando una orden detención con fines investigativos y luego puesto a órdenes de la Fiscalía.
Caso
Este caso inició por una denuncia presentada por el director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, en donde señala que el exjuez habría emitido tres órdenes de excarcelación para tres privados de libertad (a quienes favoreció con acciones de habeas corpus), cuando ya había sido llamado a juicio en otra causa el mismo día. Es decir, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.
Entre los elementos de convicción, presentados para sustentar la acusación fiscal, se encuentran la resolución con la cual se dictó el auto de llamamiento a juicio a Banny M. y la resolución que él habría emitió horas más tarde, en donde benefició con una acción de habeas corpus a tres privados de libertad.
Además, se presentó la denuncia ingresada a la Fiscalía, la acción de personal del Consejo de la Judicatura que señala la suspensión del mencionado, quien el 22 de diciembre fue destituido como juez “por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones”. A esto, se sumaron los informes de investigación, el parte policial de aprehensión, entre otros.
Información jurídica
El delito de usurpación y simulación de funciones públicas se encuentra tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).