Caso Triple A: Audiencia para vincular Aquiles Álvarez se posterga minutos antes de la hora prevista

Actualizado 12:08

Redacción Teleamazonas.com |

La audiencia en la que estaba previsto vincular en el caso Triple A al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez no se instaló. La diligencia estaba prevista para las 10:00 de este miércoles 5 de marzo de 2025.

Tanto la defensa como el Burgomaestre tenían que presentarse de manera telemática a la audiencia. Sin embargo, ninguno lo hizo.

Álvarez comunicó que su defensa cambió desde el 4 de marzo de 2025. El anterior abogado del Alcalde de Guayaquil denunció amenazas contra su vida y la de su familia.

Minutos antes de la hora prevista para la audiencia de este lunes, el Alcalde dijo, en un escrito dirigido al juez anticorrupción Jairo García, que su nuevo abogado, Geovanny Patricio Vásquez Barros, presenta un grave cuadro de hemorroides y le ordenaron reposo médico por ocho días.

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Independientemente de la justificación médica, Álvarez había alegado la necesidad de diferir la audiencia mientras la defensa conoce los detalles del caso en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustible.

El juez fijó como nueva fecha para la audiencia de vinculación el viernes 14 de marzo del 2025, a las 07:45.

La investigación se inició con una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en julio del 2024. En esta se acusaba a Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y a las empresas Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel del delito.

En el registro de la empresa Copedesa, consta como principal accionista Aquiles Álvarez. Y en la denuncia se vincula a la hermanos del burgomaestre Xavier y Antonio Álvarez, este último, actual presidente del equipo de fútbol Barcelona S.C.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en las gasolineras señaladas y vinculadas a los hermanos Álvarez existiría una presunta distribución y comercialización irregular de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano por las diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.

El secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, acusó, en septiembre del 2024, a la empresa Copedesa de causar un daño de 94 millones de dólares al Estado.

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