El Gobierno de Perú ha aceptado una propuesta de Ecuador para ejercer su representación consular y atender a los ecuatorianos que requieran de ese apoyo en territorio mexicano, informó este lunes 13 de mayo de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.
La Cancillería ecuatoriana explicó en un comunicado que ha pedido a Perú que le ayude con la gestión consular en México, sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad que lo requieran.
Y es que tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, se abrió una enorme expectación por la situación de los ecuatorianos en territorio mexicano, cuyo colectivo ha aumentado en los últimos años por el incremento del flujo de migración hacia Estados Unidos.
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El pasado domingo, la Cancillería ecuatoriana había informado de que atendería a sus compatriotas en territorio mexicano desde sus consulados en Guatemala y en las ciudades estadounidenses de Houston y Phoenix, y precisó que pondría fin a su gestión en Ciudad de México y Monterrey el próximo miércoles.
También presentó información de contacto de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en territorio mexicano en condición de vulnerabilidad.
Este lunes agregó que, con base en el Mecanismo Andino de Cooperación en materia de asistencia, protección consular y asuntos migratorios y otros instrumentos internacionales, «solicitó al Gobierno de Perú ejercer la representación consultar del Ecuador en territorio mexicano, lo cual ha sido aceptado» por Lima.
Con ello, el Gobierno peruano ha aceptado apoyar «en la gestión y atención de los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que se encuentren en México», añadió la fuente.
Rompimiento de relaciones con México
El Gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción violenta de policías ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito, ocurrida el pasado 5 de abril, y dirigida a detener a Jorge Glas, vicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que había recibido asilo en esa delegación diplomática.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, además llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, donde Ecuador ha argumentado que el asilo concedido a Glas por México era irregular por estar procesado por corrupción y tener aún pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel.
Glas, recluido en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, siempre ha rechazado los cargos y acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de ‘law fare’ (utilización del aparato judicial en contra de adversarios políticos).
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