Dos fallecidos y cuatro heridos deja un ataque armado en la playa Bajo Alto, en la provincia de El Oro, registrado la noche del sábado 18 de mayo del 2024. El grupo de armados llegó en embarcaciones, motocicletas y vehículos.
La playa del cantón El Guabo fue cerrada al público este domingo 19 de mayo tras el hecho violento. Mientras la comunidad decidió cancelar la atención en los restaurantes y bares de este balneario, donde se recibe a unos 3 000 turistas cada fin de semana.
Policías y militares custodian la playa, mientras los comuneros se mantienen en zozobra por un nuevo ataque en esta zona turística. Aseguran que han recibido mensajes comunicando sobre un posible hecho violento.
Kleber Matos, jefe de La Comuna, detalló que el ataque armado duró aproximadamente 40 minutos e incluso los desconocidos lanzaron artefactos explosivos. «Primera vez se ve esto. Momento de terror«, agregó conmocionado.
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Según al versión de los habitantes, alrededor de 20 personas armadas llegaron en motocicletas, una camioneta y lanchas a la playa, y abrieron fuego contra un local donde se llevaba a cabo una celebración.
Comuneros y autoridades atribuyen el atentado a la disputa de territorio que existe entre integrantes de la organización criminal Los Lobos, que opera en El Oro.
Ante ello, piden a las autoridades intensificar los controles de las fuerzas del orden. «Se impuso un incremento del 3% en el IVA para el Plan Fénix y aquí no está resultando. Esto afecta a Bajo Alto porque aquí se vive directa e indirectamente del turismo«, sentenció Matos.
En este lugar se registran más de 3 000 turistas cada fin de semana y hay 22 restaurantes y bares que se sustenta con esta actividad.
Este hecho ocurre ocurrió horas después de un ataque armado en una cancha en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, y del asesinato de Claudia Martínez Barberán, directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial de la ciudad de Portoviejo.
Los violentos hechos se registran en medio de la declaratoria de «conflicto armado interno«, que inició en enero por disposición del presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, vinculadas al narcotráfico.
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