«Fue un crimen político», esa es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión Ocasional que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El informe borrador de la Comisión está previsto que se apruebe la tarde de este jueves 13 de junio del 2024.
La Comisión que investiga las responsabilidades políticas en el asesinato de Villavicencio tiene listo el informe, luego se de seis meses de trabajo. El texto concluye que las investigaciones que desarrolló el candidato en varios temas, como minería ilegal, narcotráfico y corrupción en el sistema estatal petrolero le generaron enemigos políticos.
El documento también expone información entregada por algunas autoridades estatales que demostraría negligencia en la vigilancia de su integridad. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023.
“El informe de la Policía Nacional asignó a Villavicencio un 93% de riesgo previo a otorgarle protección estatal, que resultó inútil frente al ataque del 9 de agosto», dice le texto. Añade que el candidato presidencial fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común.
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«Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales”, se indica en el informe.
El borrador concluye que varios funcionarios públicos, políticos y periodistas coordinaron ataques y buscaron información personal y de la ubicación de Villavicencio. Además, dice que trabajadores del ECU-911 utilizaron información del sistema de emergencias para rastrear a Villavicencio en tiempo real.
Esto sumado al bajo nivel de protección que recibía el candidato el momento en el que fue asesinado. Según el texto, el número de policías y su nivel de capacitación no eran los adecuados frente al nivel de riesgo del candidato.
En el ámbito político se menciona que el empresario Xavier Jordán dio a conocer al narcotraficante Leandro Norero las gestiones que se realizarían en la Asamblea Nacional para desprestigiar a Villavicencio. El crimen organizado se valdría del legislador Ronny Aleaga para separarlo de sus funciones en la Legislatura.
Además, dice el texto, que el periodista Andersson Boscan supuestamente acordó con Norero ocultarle información a Villavicencio en la investigación que realizaba en la Comisión de Fiscalización.
Los asambleístas hacen una serie de recomendaciones en este caso. Entre ellas, piden verdad, justicia y reparación para los familiares de Villavicencio.
También aseguran que se debe combatir la corrupción y el uso de la contratación pública como un mecanismo de lavado de activos por parte de organizaciones criminales.
Piden a la Asamblea Nacional difundir ampliamente el contenido del informe para honrar el legado de villavicencio y buscar la verdad.
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