La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Violencia Digital, una normativa que propone un sanción con prisión de uno a tres años a quienes hagan uso de información de terceros sin autorización. El texto está en manos del Ejecutivo y varios sectores piden el veto de esta normativa por violar derechos constitucionales.
A días de culminar el periodo legislativo, la Asamblea aprobó una nueva ley que reforma 23 artículos del Código Integral Penal. Se trata de una normativa que presentó Mae Montaño para sancionar la violencia sexual digital. Sin embargo, fue la asambleísta quien pidió no votar por la ley, pues denunció que el objetivo de la normativa fue cambiado.
Mae Montaño calificó los cambios como un «oportunismo politiquero» que busca proteger a los «políticos autoritarios, políticos abusivos y a los políticos corruptos». La asambleísta con estas declaraciones hace referencia al artículo 178 que estable una pena privativa de libertad de uno a tres años contra la persona que difunda información de terceros.
Gremios de periodistas tampoco están de acuerdo con este artículo pues consideran que se ve afectado el trabajo de investigación, por eso exigen el veto de la ley.
Este veto también piden abogados, quienes consideran que hay una contraposición con el artículo del Código Integral Penal 471. El constitucionalista André Benvides indica que «ciertos funcionarios públicos y ciudadanos, amparándose en el artículo 178 , podrían evitar entregar cualquier tipo de información».
Más allá de este artículo, la Ley de Violencia Digital regula diferentes tipos de violencia. Sin embargo, estos artículos podrían tener algunos temas de inconstitucionalidad.
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