Con 94 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este martes 6 de agosto del 2024, el inicio del juicio político contra cuatro ministros de Daniel Noboa por el polémico proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena.
El proceso se aplicaría contra Sade Fritschi, ministra de Ambiente; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Niels Olsen, ministro de Turismo, y Mónica Palencia, ministra del Interior, según consta en el documento presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Con ello, los cuatro funcionarios podrían ser destituidos y censurados.
De acuerdo a la mesa legislativa, los ministros incumplieron funciones constitucionales y legales. «Por la falta de atención o atención incompleta de los pedidos de información realizados en el marco del proceso de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena», indica el documento.
La asambleístas Victoria Desintonio, presidenta de la mesa legislativa, fue quien presentó la moción. Con el voto de 94 legisladores, el Pleno dio luz verde al juicio político, mientras que 31 votaron en contra y 6 se abstuvieron. Con ello, un asambleísta deberá presentar la solicitud y el proceso se iniciará.
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Los votos a favor en la Asamblea salieron de la bancada de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye. Mientras que la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) e independientes se opusieron.
Este pedido llega tres meses después del escándalo por el proyecto inmobiliario en Olón que salpicó a Lavinia Valbonesi, esposa del Presidente de Ecuador.
Este hecho fue denunciado por organizaciones sociales y ambientales que señalaron irregularidades en la emisión de los permisos ambientales para la ejecución de la obra en una zona de manglares y algarrobos, a cargo de la empresa Vinazin S.A.
Semanas después, la compañía confirmó que las obras se iban a detener, pese a que el objetivo era fomentar la inversión privada y potenciar el desarrollo turístico.
No obstante, las organizaciones insistieron en que la construcción causó daños ambientales y estaba plagada de irregularidades. Por ello también en el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos se pidió la intervención de otras entidades de control.
Este documento será enviado a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las presuntas infracciones en la entrega del Registro Ambiental para Vinazin S.A.. Además, se solicitará a la Contraloría un examen especial por la misma causa.
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