Un asedio de 24 horas en España entre la policía y un rapero atrincherado con una barricada acompañado por decenas de sus simpatizantes en una universidad terminó el martes cuando los policías antidisturbios arrestaron al artista y lo enviaron a prisión, donde cumplirá una sentencia de nueve meses por insultar a la monarquía y glorificar el terrorismo.
Pablo Hasél fue escoltado el martes por policía antidisturbios fuera del edificio de rectoría de la Universidad de Lleida en la región noreste de Cataluña, donde él y unos 50 simpatizantes se habían encerrado desde el mediodía del lunes.
Fue el último esfuerzo del rapero por resistirse a la prisión y llamó la atención sobre lo que él califica como una campaña por la libertad de expresión.
“Venceremos no nos van a doblegar con toda la represión, jamás”, dijo el rapero de 32 años al pasar frente a cámaras de televisión.
El caso de Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, ha cobrado más notoriedad en España, donde numerosos ciudadanos, artistas, celebridades y políticos han expresado su apoyo y exigen un cambio en la llamada “Ley Mordaza” del país.
El gobierno español de coalición izquierdista anunció inesperadamente la semana pasada que cambiaría el código penal del país para eliminar las sentencias a prisión por ofensas que involucran libertad de expresión. No mencionó específicamente a Hasél ni fijó una fecha para los cambios.
El rapero conoce bien la controversia. Con una obra artística que incluye canciones con fuertes críticas al sistema, su fama se ha ampliado con cada roce con la ley española.
Tras enfrentar cargos en al menos cuatro ocasiones por agresión y apología de grupos extremistas, entrar en edificios privados o insultar a la monarquía, recibió en 2014 una sentencia dos años en prisión, misma que fue suspendida. En el nuevo caso, cuyo juicio se realizó en 2018, los jueces le dieron una sentencia reducida de nueve meses tras las rejas por una canción sobre el rey emérito Juan Carlos I y 64 tuits publicados entre 2014 y 2016.
Los tuits estaban en el límite entre una opinión y llamados para una insurrección, con varias menciones a ETA y Grapo, grupos extremistas armados españoles, ahora extintos. En la canción Hasél rapeaba sobre la corrupción ligada al antiguo monarca, pero también decía que era un marido golpeador, bebedor y mafioso además de un cliente frecuente de prostitución.
El Tribunal Supremo de España rechazó el lunes su más reciente apelación para evitar la cárcel. Los jueces señalaron que la sentencia se decidió tras otra condena suspendida y los delincuentes reincidentes deben cumplir sus penas.
Evitar que Hasél sea encarcelado, dijo la corte, sería “discriminatorio” para otros convictos, y agregaron que hacer campaña sobre su caso podría cambiar las leyes en el parlamento, pero las cortes necesitan aplicar el código penal existente.
“No voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir y lo que tengo que decir”, dijo Hasél el lunes por la noche a The Associated Press. “Así que esto me da aún más motivos y aún más ganas para continuar haciendo las mismas canciones”.
Jordi Dalmau, director de la policía catalana Mossos d’Esquadara, dijo que el arresto de Hasél’s, que involucró desmantelar las barricadas de escritorios escolares que bloqueaban la entrada al edificio, se había hecho “con normalidad” y los activistas no se resistieron. El rapero se negó a entregarse voluntariamente la semana pasada para iniciar su sentencia.
Antes de ser ingresado en un auto de la policía gritó a sus simpatizantes: “¡Muerte al estado fascista!”.
Unos 200 artistas, incluyendo al cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, firmaron una petición la semana pasada en apoyo al rapero. Amnistía Internacional señaló que el caso de Hasél es el más reciente en una serie de juicios contra artistas y personalidades de las redes sociales bajo la Ley de Seguridad Pública de 2015 aprobada por un gobierno conservador.
Valtònyc, otro rapero sentenciado con argumentos similares en 2018, escapó a Bélgica, donde las autoridades judiciales han rechazado la solicitud de extradición de su contraparte española. Otros casos recientes involucran a titiriteros que hacen sátira política y blogueros que se burlaron de los asesinatos del régimen autoritario del general Francisco Franco (1939-1975).
La iniciativa del gobierno español para cambiar el código penal ha sido rechazada por la oposición conservadora y de extrema derecha.
El arresto del martes también causó una nueva tormenta política en la coalición de izquierda en el poder encabezada por los socialistas, al ser criticados por el partido de extrema izquierda Unidas Podemos.
“Todos aquellos que presumen de esta ‘plena normalidad democrática’ y se consideran progresistas, deberían sentir vergüenza”, tuiteó el partido el martes. “¿Se taparán los ojos? No hay progreso si nos negamos a reconocer los déficits democráticos actuales”.